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En el Perú los partidos políticos tienen prohibido recibir dinero de empresas privadas. ¿Qué sucede en países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil o Colombia? ¿Cambiar la ley podría propiciar el fortalecimiento de estos partidos? Conversamos con autoridades y especialistas en el tema de la región para comprender este tema, que cobra importancia ante las próximas Elecciones 2026.
Elecciones
Especialistas comentan cómo obtienen fondos las organizaciones políticas en Sudamérica.
De acuerdo a la ley vigente, en el Perú, sólo los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República a través de sus bancadas, reciben financiamiento público directo por parte del Estado, dinero que sólo puede ser usado para el fortalecimiento institucional, pero no para campañas electorales.
Las agrupaciones políticas tienen prohibido que las empresas privadas les donen dinero. El apoyo que reciben por ahora es a través de la entrega de bienes inmuebles [locales] para que en ellos funcionen sus comités políticos, contribuyendo de esta manera con el fortalecimiento institucional de la organización. Este cambio fue aprobado con la modificación a la Ley de Organizaciones Políticas aprobada en junio pasado por el Congreso.
Ante este panorama, planteamos la pregunta: ¿cómo obtienen recursos los partidos políticos de los países de la región para asegurar su funcionamiento y vigencia a lo largo de los años? Dos expertos, desde Argentina y Chile, brindaron alcances sobre el tema.
Financiamiento político en otros países
En Argentina, el Estado financia a los partidos políticos, pero los privados [llámese personas individuales, sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas], también pueden realizar donaciones. Estos aportes privados fueron oficializados mediante una reforma a la ley desde el año 2019. ¿Cómo se otorga este apoyo económico?, lo explica a El Poder en tus Manos el Secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, Hernán Gonçalves Figueiredo.
“El sector privado tiene un tope de aportes que puede dar al partido político. No existe la posibilidad de aporte anónimo y el aporte en efectivo tampoco. El dinero que se entrega tiene que pasar siempre por un sistema bancario. Adicionalmente, los bienes en especie también están permitidos, digamos, si para una campaña un club de fútbol les cede el espacio [a un partido político] para que hagan un acto partidario, el costo que pudo representar ese alquiler, el partido lo tiene que declarar también [aunque sea un donativo]”, explicó.
El tope del aporte privado a partidos de alcance nacional en Argentina, ya sea de persona individual o de empresa, es de poco más de 40 millones de pesos argentinos, lo que equivale a 42 mil dólares anuales aproximadamente.
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En Uruguay y Chile
En Uruguay, los partidos reciben dinero del Estado de forma permanente, ya sea para su funcionamiento como para campañas electorales. Están prohibidos de recibir aportes de empresas que ya cuenten con concesiones de obras públicas, fundaciones extranjeras y, principalmente de organizaciones delictivas.
Los aportes privados, ya sea de empresas o personas naturales, están permitidos. Eso sí, las donaciones a partir de los 24 mil pesos uruguayos [unos 600 dólares aproximadamente], no pueden ser anónimas y tienen un tope de 2,1 millones de pesos [54 mil dólares] anuales.
Los partidos políticos en este país están obligados a bancarizar los donativos, además, reciben un equivalente a 13 dólares por cada voto válido a favor de sus candidatos presidenciales.
En Chile, al igual que en el Perú, las organizaciones políticas no pueden recibir dinero de empresas nacionales ni extranjeras, sólo está permitido la donación de dinero de personas naturales, una decisión tomada tras revelarse en ese país las denuncias de financiamiento irregular a algunos partidos políticos por parte de empresas, tal como sucedió en el Perú luego del caso Odebrecht. Así lo explicó la politóloga chilena Javiera Arce.
“Se conoció que hubo empresarios que financiaron a todos los partidos políticos sean de izquierda o derecha, o que grandes empresas pesqueras financiaron a ciertos senadores que impulsaron la ley de pesca, por ejemplo. Eso significó un escándalo y se prohibieron los aportes de empresas privadas. Ahora los partidos se financian públicamente. ¿Y cómo se hace eso? En Chile las agrupaciones políticas son consideradas organizaciones de carácter público, por tanto, reciben un fondo partidario basado en la votación que obtuvieron, sobre todo a nivel de la Cámara de Diputados [Parlamento] y en función de ello se calcula un monto que se entrega a través de una remesa cada cuatro meses”, detalló.
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Colombia y Brasil
En Colombia, los partidos reciben dinero tanto del Estado como de los privados, pero tienen prohibido recibir recursos extranjeros, ya sea de empresas o de personas individuales.
Y en Brasil, las organizaciones políticas son financiadas únicamente con dinero público. En este país, conocer cómo y en qué se gasta el dinero es difícil, debido a los candados que los propios partidos ponen para ser fiscalizados, agrega la politóloga Javiera Arce, quien ha investigado sobre la ley electoral brasileña. “Uno no tiene la dimensión de la cantidad de plata que les llega a esos partidos [a través del fondo público], y reciben dinero extra por la cuota de candidatas mujeres que presentan. El problema aquí es que el Tribunal Supremo no puede fiscalizarlos, porque los partidos en Brasil tienen denominación de organismos de carácter privado y ante ello, ponen un freno y simplemente no se puede".
Sea solo público, mixto o únicamente privado, se necesita que el dinero que sostiene a los partidos políticos sea transparente y de conocimiento público, para evitar que dinero ilegal entre en la política.
¿Permitir el financiamiento o prohibirlo?
En el informe de El Poder en tus Manos de RPP “Elecciones 2026: ¿Las empresas privadas deberían financiar a los partidos políticos en campaña electoral?”, expertos consultados coincidieron en que la ley peruana debería ser modificada para permitir que los privados puedan financiar a las organizaciones políticas fijando límites claros, sobre todo cuando de campañas electorales se trata. Esto permitiría conocer de forma pública y transparente todos los fondos de los partidos y sus financistas, porque la prohibición motiva a que dinero de economías ilegales penetre en el ámbito político.
Sobre este aspecto, el secretario Hernán Gonçalves señaló: “Un esquema reglamentado de aportes privados que imponga la transparencia siempre va a ser un paso adelante [...] Cuanto más se transparente ese aporte y la gente sepa verdaderamente quién está detrás de un candidato, siempre será mejor. Creo que lo que está en juego no sólo es la legalidad de las cuentas y las fuentes de financiamiento, sino también la transparencia, en el sentido de que las personas se puedan formar una idea de los candidatos que están compitiendo […] para efectos del voto informado de la ciudadanía siempre será mejor”, agregó.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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