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por Oswaldo Palacios
·El congresista de la bancada de Somos Perú Luis Gustavo Cordero Jon Tay indica que su iniciativa tiene como propósito garantizar el fin resocializador de la pena y el derecho que tiene toda persona de elegir y ser elegido.
El congresista de la bancada de Somos Perú Luis Gustavo Cordero Jon Tay planteó un proyecto de ley para que los funcionarios y servidores públicos condenados por corrupción y fueron rehabilitados puedan postular a la Presidencia o vicepresidencias de la República.
El texto N.º 8594/2024-CR fue presentado el lunes 12 de agosto y cuenta con el respaldo de varios integrantes de su grupo legislativo, entre ellos Héctor Valer Pinto, José Pazo Nunura, Alfredo Azurín Loayza, Hitler Saavedra Casternoque y José Jeri Oré.
El dispositivo de Cordero Jon Tay, denunciado por presuntamente golpear a su expareja en plena vía pública del distrito limeño de Miraflores en enero de 2014, propone modificar el literal J del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859). La figura de la norma vigente se refiere a: "Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas".
La propuesta del parlamentario, que renunció a la bancada de Fuerza Popular en mayo de 2023 tras haber sido involucrado en una presunta red de chuponeo a opositores al entonces gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), quedaría en los siguientes términos: "Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios".
La justificación
De acuerdo con la argumentación esgrimida por el legislador, el literal J del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones ocasiona "una grave incidencia en la voluntad de los ciudadanos, e impidiendo que personas que ya tienen la categoría de resocializadas para ejercer la vida civil, puedan acceder a ejercer libremente su derecho constitucional a elegir y ser elegidos".
Cordero Jon Tay indica, además, que su proyecto de ley propicia "el establecimiento de un marco normativo con enfoque inclusivo" al consagrar, por un parte, el fin resocializador de la pena; y por otro, el derecho de las personas a elegir y ser elegido. Añade que la aplicación de su polémica propuesta no generará gasto alguno al erario nacional.
El costo de la corrupción
En febrero de 2024, la Contraloría General de la República estimó que el Perú perdió más de 24 000 millones de soles por la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023. De la cifra, unos 11 992 millones de soles corresponden al Gobierno nacional; 7 615 millones a los gobiernos regionales y 4 660 millones a los gobiernos locales.
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Oswaldo Palacios Portadista
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