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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo estar a favor del estado de emergencia en Lima y Callao, pero señaló que se deben exponer los planes operativos programados. Además, indicó que, de comprobarse los cuestionamientos a Rafael Ruiz Hidalgo, miembro de la JNJ, no debería permanecer en la entidad.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a las 4 mociones de censura presentadas en el Congreso contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que serán abordadas en los próximos días en el Pleno.
Como se sabe, ayer, lunes, las mociones de censura impulsadas por los congresistas Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Bernardo Quito (Bancada Socialista) y la de la bancada Renovación Popular ingresaron a trámite en la Oficialía Mayor. Este martes, ocurrió lo mismo con la moción de Fuerza Popular.
Al respecto, Gutiérrez Cóndor consideró que dichas iniciativas constituyen una "reacción" desde el lado político, puesto que a alguien "tienen que pasarle la factura" de los errores del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
"Yo creo que una reacción más desde el lado político, al cual no quisiera ingresar, pero es una reacción eminentemente política porque, indudablemente, a alguien tienen que pasarle la factura de todos estos yerros y falta de éxito en la lucha contra el crimen", indicó.
Además, consideró que Santiváñez Antúnez renunciará al cargo: "Yo creo que más que censurado, creo que él va a renunciar".
Por otra parte, el defensor del Pueblo respaldó el estado de emergencia en Lima y Callao decretado ayer por el Ejecutivo. Sin embargo, dijo que los planes operativos que se desplegarán en los 30 días que dure la medida deben ser expuestos por la presidenta Dina Boluarte y sus ministros de Estado.
"Estoy de acuerdo con toda medida de excepción para contribuir en la erradicación de la criminalidad. No obstante, esto no puede ser una formalidad. La presidenta en el máximo organismo de seguridad ciudadana, que es el Consejo, [tiene] la obligación, junto a sus ministros, de explicarnos cuáles son los planes operativos programados y cómo así tenemos que dar la confianza y contribución como poderes del Estado y como organismos constitucionalmente autónomos en ese propósito, porque usted comprenderá que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de definir planes operativos previo a la emisión de un decreto supremo como el que ayer vimos, no es al revés", señaló.
"El sustento está, el sustento puede ser hasta de facto, porque lo real y lo concreto es que la criminal ha desbordado la autoridad. Eso es lo concreto, la motivación está. Pero, ¿cómo lo va a combatir usted? ¿Cuáles son los planes operativos? Claro, ese es el problema. [Se] piensa que sacando un decreto supremo se solucionó el problema y no es eso; el tema del marco normativo de excepción no es el problema, sino la capacidad de poder operar para que esta criminalidad decaiga o, mejor aún, pueda extinguirse. Pero esa finalidad tiene que ir acompañada de planes operativos", apuntó.
Sobre caso que involucra a miembro de la JNJ: "De comprobarse el hecho, no tiene nada que hacer [ahí]"
Gutiérrez Cóndor también se pronunció sobre el caso que involucra al magistrado Rafael Ruiz Hidalgo, miembro del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Como se sabe, un reportaje de Punto Final reveló que Ruiz Hidalgo, al momento de postular como integrante de la Junta, omitió informar sobre la condena por prevaricato en su contra, lo cual le hubiera impedido acceder al cargo. Dicha sentencia data de diciembre del 2010, por emitir, en su calidad de juez, una resolución contraria a la ley.
Al respecto, el defensor del Pueblo, quien presidió la comisión que eligió a los integrantes de la JNJ, indicó que, de comprobarse el hecho, el magistrado no debía permanecer en el cargo. Además, agradeció al periodismo de revelar lo que la comisión de elección no detectó.
"Primero, hemos agradecido al periodismo de investigación por su contribución en este propósito que, si nosotros lo hubiéramos sabido antes, le aseguro, ningún miembro de la Comisión Especial hubiera siquiera votado y, en primer orden, lo hubiéramos sacado", sostuvo.
"No obstante, dado al derecho de defensa que tienen, la semana pasada se sacó rápidamente un comunicado, el día lunes, apenas supimos de la información, y sobre la misma se han cursado los oficios, con 5 días de plazo, para darle el derecho a la defensa y también, con 5 días de plazo, para que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial informen. Ya nos han entregado los informes las instituciones, ahora solo esperamos el descargo. De comprobarse el hecho, no tiene nada que hacer en la Junta Nacional de Justicia", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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