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por Sergio Espinoza
·En RPP Noticias, el procurador anticorrupción Javier Pacheco señaló que una autoridad administrativa como la Interpol no podía “sobrepasar” los requerimientos del Poder Judicial para la eventual detención en el extranjero de Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea.
El procurador anticorrupción Javier Pacheco pidió a la Cancillería emitir una carta de protesta ante la Interpol por negar en dos ocasiones la activación de la alerta roja para localizar y detener provisionalmente a Alejandro Sánchez, quien fue detenido la semana pasada en la frontera entre Estados Unidos y México, en la localidad de Eagle Pass (Paso del Águila).
El funcionario se pronunció así luego de que Punto Final revelara que, en noviembre del 2022, la Policía Internacional recibió una solicitud para emitir la notificación en contra el empresario implicado en el caso “Gabinete en las Sombras”.
Sin embargo, en febrero de este año, la sede central en Lyon (Francia) aplicó el artículo 3 de su estatuto y denegó el pedido, porque se trata de un tema “predominantemente político”.
El Poder Judicial pidió ese mes, por segunda vez, que se active la citada alerta, pero Interpol rechazó nuevamente solicitud reiterando que tiene prohibido intervenir en “cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
Procurador cuestiona posición de Interpol
En el programa 'Las cosas como son' de RPP Noticias, el procurador cuestionó la posición del organismo internacional por no acoger oportunamente el pedido de la autoridad judicial.
“Exhorto a los funcionarios competentes, que es la Cancillería, a hacer una protesta ante este organismo internacional porque no se puede sesgar, sobrepasar el requerimiento de una autoridad judicial con todas las competencias respecto de una autoridad administrativa que no tiene las competencias de una justicia peruana”, declaró.
Pacheco hizo énfasis en que la institución, que cuenta 195 países miembros, debió ejecutar la solicitud por tratarse de un asunto judicial.
“Tiene que hacerse un llamado, una exhortación para que estos casos no se puedan repetir, porque si no ya estamos viendo que hay un camino más para eludir el requerimiento de la justicia”, sentenció.
Sánchez Sánchez, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y lavado de activos, se encontraba como no habido desde el 17 noviembre del 2022, luego de que el PJ dictara 30 meses de prisión preventiva en su contra.
Recientemente, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción -recordó Pacheco- solicitó al PJ que Sánchez Sánchez y un grupo de investigados por el caso ‘Asesores en la Sombra’ del gobierno de Pedro Castillo paguen, en forma solidaria, la suma de 144 millones 336 mil soles por daño patrimonial a favor del Estado peruano.
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Sergio Espinoza Periodista
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