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Exceso de universidades, autos colectivos y una censura: lo que nos dejó el Congreso de la República este 2024

¿Qué leyes priorizaron desde el Congreso este 2024?
¿Qué leyes priorizaron desde el Congreso este 2024? | Fuente: Congreso de la República

El Congreso de la República cerró su última legislatura del año, que terminó con extensas sesiones en las que crearon universidades, se formalizaron autos colectivos, y prosperó 1 de 9 mociones de censura, según el análisis de RPP Data. ¿Qué impacto tienen estas decisiones en la vida de todos los peruanos? Expertos responden.

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Lima

¿Qué leyes priorizaron desde el Congreso este 2024?

Hace menos de una semana el Congreso de la República terminó su segunda y última legislatura del 2024, cerrando así también su nuevo año de gestión. Los proyectos de ley que se impulsaron en este periodo fueron diversos, pero mantuvieron un interés en temas que afectan el día a día de todos los peruanos. A continuación, revisamos cuáles son estos proyectos y especialistas consultados por RPP Data analizan el impacto que tendrán en la educación, transporte y en la política.

Universidades públicas

En julio de este año, RPP Data reportó que se habían presentado casi 200 proyectos para crear universidades, ya sea a través de leyes que declaraban de interés nacional que se construyan; o mediante normas que cambiaban la denominación de escuelas o institutos a universidades. 

Al cierre de este informe, la cifra de proyectos de ley había aumentado a 275, incluyendo el último, aprobado en la madrugada del sábado 14 de diciembre y que propone la creación de 21 universidades en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali.

Para el especialista en educación superior Jorge Mori, este último proyecto es antitécnico por dos razones. La primera es que cuando se crea una universidad, se tiene que dar un sustento técnico explicando si en esa localidad existe la cantidad suficiente de posibles estudiantes o si no hay otra universidad cerca que pueda cubrir esa demanda.

"Por ejemplo, se está creando una universidad en Sechín (Áncash), que quedaría a 45 minutos de la Universidad Nacional del Santa, en Chimbote, que ya está licenciada. ¿No sería mejor, por ejemplo, que la Universidad del Santa compre buses [de buena calidad] que puedan recoger a los chicos de Sechín en vez de crear una nueva universidad pública que costará cientos de millones de soles?", cuestiona Mori, quien también es director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES).

Otra de las razones que comenta el especialista es que se están decidiendo las carreras que van a tener las universidades sin hacer estudios de mercado o de demanda laboral para saber qué profesiones se necesitarán en esa localidad. "Se han creado de una manera desbordada estas universidades públicas sin ningún sustento técnico y los perjudicados van a ser los jóvenes estudiantes", comenta. 

En promedio, una universidad demora siete años desde que se crea por ley, hasta tener la infraestructura necesaria y estar apta para recibir estudiantes, según estimaciones de CAPPES. "Se está engañando y se está jugando con las expectativas de los estudiantes. Había muchas alternativas para satisfacer la demanda estudiantil como crear filiales de universidades ya existentes", agrega el experto.

Finalmente, alerta que el ente rector de la educación en el Perú, que es el Ministerio de Educación, está generando una descoordinación y desgobierno en el sistema universitario. "¿Dónde está el Minedu? ¿Dónde están las direcciones pertinentes que debieron hacer un trabajo de contención de esta demanda? El Minedu y el Ministerio de Economía se han puesto de costado", añade.

La formalización de los colectivos

En junio de este año, el Congreso aprobó la ley 00842/2021-CR, que regula a las empresas de taxi por aplicativo. Esta norma fue criticada porque, dentro de ella, incluyeron una disposición que derogaba las facultades de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU) para supervisar a este tipo de vehículos; es decir, ya no son fiscalizados por la entidad de transporte en la capital.

Por otro lado, durante todo el 2024 se presentaron 13 proyectos de ley que buscaban ampliar el proceso de formalización de autos colectivos interprovinciales. Ese proceso, que solo se aplica en regiones, culminaba el 31 de diciembre de este año, pero al cierre de la última legislatura, se aprobó que se extienda su vigencia hasta por cuatro años más. 

Es preciso señalar que el transporte en nuestro país es regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuando se trata de las vías nacionales, mientras que las municipalidades provinciales se encargan del transporte en las ciudades, según la Ley Orgánica de Municipalidades. En ese sentido, de acuerdo con el arquitecto urbanista Aldo Facho Dede, el Congreso no debería interferir en el trabajo de dichas entidades. 

"Lejos de reforzar el accionar del MTC y las municipalidades, el Congreso impone un servicio informal que es peligroso y poco eficiente. En paralelo, el MTC promueve el desarrollo de los Planes de Movilidad Sostenible en Piura, Trujillo (La Libertad), Arequipa, Huamanga (Ayacucho) y Tacna, pero, a la fecha, ninguno se ha implementado. ¿No deberíamos invertir nuestro esfuerzo en reforzar la planificación y en mejores sistemas de transporte en vez de promover la informalidad e ilegalidad?", cuestiona Facho Dede. 

Dentro de la ley de los autos colectivos aprobada para Lima y Callao, también se le brinda un plazo máximo de 6 meses a la ATU para que evalúe la oferta y demanda del transporte colectivo en la capital. Aldo Facho opina que esta disposición es una "bomba de tiempo para Lima y el Callao". "Esta exigencia podría ser usada para justificar la formalización y promoción de taxis colectivos en las rutas que el Congreso considere que no están adecuadamente cubiertas con los servicios formales. Con ello podrían romper la autoridad de la ATU y permitir la operación de este nefasto sistema en la capital", sostiene.

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Una censura y 23 interpelaciones

Este año, el Parlamento ha presentado 23 mociones de interpelación a ministros de Estado y 9 mociones de censura, de las cuales, se aprobó solo una: la censura el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

Sus excolegas tuvieron mejor suerte. Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, fue interpelado por los casos de intoxicación en niños de programa estatal Qali Warma [ahora denominado Wasi Mikuna], pero no fue censurado. Lo mismo ocurrió con Juan José Santivañez, actual ministro del Interior, quien fue interpelado por el aumento de la inseguridad ciudadana. 

"Estamos viendo que hay temas que no son suficientes para la caída de un ministro. No se censuró [a Santivañez] a pesar de ser altamente criticado por la delincuencia. No se censuró a Demartini, después de un escándalo que, en cualquier otro gobierno, hubiera hecho que caiga, inclusive [por iniciativa] del propio Ejecutivo. Entonces ¿qué cosa realmente le cuesta la cabeza a un ministro? El mensaje desde los dos poderes del Estado es negativo", opina Franco Olcese, analista político y socio del Centro Wiñaq

El especialista aclara que sí está de acuerdo con la continuidad de una autoridad en el cargo y que un ministro no debería caer por cualquier razón, pero "hay razones fuertes por las cuales sí debería hacerlo". 

En abril del próximo año, el gobierno tiene que convocar, por ley, a Elecciones Generales y Regionales y Municipales para el 2026. Olcese estima que mientras más cerca estemos de los comicios, el Congreso buscará alejarse más de la figura de la presidenta Dina Boluarte y, probablemente, se vean más censuras e interpelaciones.

Desde el 16 de diciembre y hasta el 28 de febrero del 2025, quedó instalada la Comisión Permanente del Congreso, que se encargará de legislar sobre dictámenes y proyectos de ley que se encuentran en la agenda del Pleno, así como los que se incluyan en la Junta de Portavoces.  

El Pleno del Congreso volverá en marzo del 2025. Todos los peruanos debemos estar atentos a las propuestas que se planteen, considerando que el próximo año será uno de campaña electoral.

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Paloma Verano

Paloma Verano Periodista de RPP Data

Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP con mención en Periodismo. Especializada en la cobertura de temas de género, transporte, políticas públicas y medio ambiente. Más de 10 años de experiencia profesional en medios escritos, televisivos y digitales.

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