Defensoría del Pueblo rechaza que el Presidente no observara ley que pone en riesgo la educación sexual integral

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado difundido en Twitter, rechazó que el presidente de la República Pedro Castillo no observara la Autógrafa de la ley N° 904 del Congreso de la República que establece que las organizaciones de padres de familia pueden censurar contenidos de los textos escolares.

"Rechazamos la inacción por parte del presidente de la República, con lo que incumplen el deber constitucional de respetar y proteger el derecho a la educación de niñas/os y adolescentes, así como las obligaciones internacionales, las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y diversas políticas que responden a obligaciones establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos", refirió la institución.

Peligroso precedente

Asimismo, calificaron como un "grave retroceso" dicha inacción del Presidente y como un "peligroso precedente" que los materiales educativos deban estar condicionados al consentimiento de organizaciones de padres de familia, como "Con Mis Hijos No Te Metas" (CMHNTM)

"En diversas oportunidades, advertimos que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues institucionalizaría un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios. Esto generaría inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos, particularmente, de las y los estudiantes", sostuvo la Defensoría.

Además, consideraron que con dicha ley "se desconocería el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional", ya que se le "limitaría en la definición de los contenidos educativos".

"De otro lado, de promulgarse esta ley por insistencia en el Congreso de la República, se estaría desconociendo que la educación sexual integral (ESI) contribuye a reducir el embarazo precoz, además de promover la igualdad de género, reducir o prevenir la violencia basada en el género, y crear entornos de aprendizajes seguros e inclusivos", señala el comunicado.

Finalmente, solicitaron al Congreso "desistir de la promulgación de la ley" y "respetar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, quienes son el centro del proceso y del sistema educativo".