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por Redacción RPP
·El martes pasado, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde señaló que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una cirugía en la nariz entre finales de junio y principios de julio de 2023.
El martes pasado, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde señaló que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una cirugía en la nariz entre finales de junio y principios de julio de 2023.
“Como es de conocimiento público, la señora presidenta pasó por un procedimiento quirúrgico en esas fechas. No obstante, en ningún momento descuidó sus responsabilidades como presidenta, y me consta porque yo era presidente del Consejo de Ministros en ese entonces”, afirmó Otárola.
Esta declaración ha generado un intenso debate sobre si la mandataria incurrió en algún delito. En respuesta, la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar en su contra por la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales, debido a que no informó al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre la intervención quirúrgica.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró en una entrevista con RPP que existen “condiciones mínimas” para hablar de una posible responsabilidad penal en este caso. Además, advirtió que se habría cometido una infracción constitucional al interrumpir el ejercicio presidencial.
Lamas Puccio sostuvo que, desde un punto de vista “jurídico y fáctico”, existirían razones suficientes para plantear una vacancia presidencial, ya que, según su perspectiva, se habría mentido a la opinión pública.
“Lo que realmente marca el curso del análisis de los acontecimientos son dos hechos. El primero que se trataba de una intervención frívola sin ninguna justificación y la otra es que se escondía la información para desinformar y tratar por todos los medios posibles de que la ausencia de la mandataria no fuera de conocimiento ni tuviera la relevancia necesaria”, subrayó.
"Cualquier cosa podría pasar"
Por su parte, el abogado Andy Carrión señaló que, en el marco de la investigación preliminar, no se profundizará en si la intervención fue estética o no, sino en el motivo por el cual la presidenta no informó al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre el procedimiento quirúrgico.
Además, indicó que la investigación debe determinar quién ejerció la Presidencia entre el 29 de junio y el 9 de julio, periodo en el que Boluarte, supuestamente, estuvo incapacitada debido a la operación.
A su turno, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos opinó que, aunque la Constitución es clara al señalar que no se deben generar vacíos de poder, lo sucedido no necesariamente justificaría una vacancia presidencial. Sin embargo, aclaró que esta decisión corresponde al Parlamento y será, en última instancia, una cuestión política.
Finalmente, el abogado constitucionalista Luciano López, al ser consultado sobre la posibilidad de que esto derive en una moción de vacancia presidencial, afirmó que, dado lo laxo del recurso, "cualquier cosa podría pasar". Según su juicio, dependerá de la voluntad de los congresistas.
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