Cinco expresidentes de Perú enfrentan investigaciones ficales, entre ellos Alan García, quien permanece en la residencia del embajador de Uruguay, donde solicitó asilo después de que el Poder Judicial le prohibiera salir del país.
Cinco expresidentes del Perú enfrentan problemas con la justicia: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, a quienes se une Alan García, quien solicitó asilo a Uruguay luego de que el Poder Judicial le prohibiera salir del país.
Son todos los exmandatarios vivos que gobernaron el país tras el fin del régimen militar en 1980: cuatro están salpicados por el megaescándalo de Odebrecht y uno -Fujimori- por violaciones de los derechos humanos y corrupción.
Por el caso Odebrecht, Alan García, Ollanta Humala y Kuczynski tienen prohibición de salida del país, mientras que Alejandro Toledo fugó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. La constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
Alberto Fujimori
Fujimori Fujimori permanece en una clínica en calidad de detenido y debe volver a prisión cuando sea dado de alta, después de que la justicia anulara el 3 de octubre el indulto que obtuvo en diciembre de 2017 mientras cumplía una condena de 25 años. La defensa de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta solicitó que la Clínica Centenario emita un informe sobre el real estado de salud del expresidente, el cual determinaría si debe o no regresar a prisión.
Entre los casos pendientes más importantes que aún debe afrontar Alberto Fujimori está Pativilca, por el que es acusado de ser el autor mediato del asesinato de seis campesinos por parte del Grupo Colina en 1992.
Aunque el expresidente no está involucrado en el caso Odebrecht, este caso salpica a su primogénita, la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace 19 días acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la firma brasileña en 2011.
Alejandro Toledo
El exmandatario cuenta con una orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra y un requerimiento de extradición como parte de las investigaciones por el presunto pago de un soborno de US$20 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de las licitaciones de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil.
El pasado 25 de mayo, el cuadernillo de solicitud de extradición de Alejandro Toledo fue enviado a los Estados Unidos para que siga su curso interno. El presidente Martín Vizcarra aseguró que antes de que termine su mandato, Toledo estará en nuestro país afrontando la justicia peruana.
La Fiscalía también investiga el presunto aporte ilegal de US$ 700,000 a su campaña presidencial, reconocidos por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú.
Ollanta Humala
Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, salieron libres por orden del Tribunal Constitucional que admitió su hábeas corpus y anuló la prisión preventiva por 18 meses que cumplían por los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht a las campañas del Partido Nacionalista en el 2006 y 2011, respectivamente.
Además del presunto financiamiento ilegal de su campaña, el Ministerio Público ha solicitado que el exmandatario sea considerado en la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra Gasoducto Sur Peruano.
Pedro Pablo Kuczynski
La Fiscalía investiga al último ex jefe de Estado por al menos tres casos: el financimiento de su campaña presidencial, la adjudicación de obras del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, y las asesorías financieras que prestaron empresas vinculadas a él en favor del Grupo Odebrecht.
Por el último caso, Kuczynski tiene una orden de impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses.
En manos de Uruguay
Esta es la segunda vez que García solicita asilo. En 1992 pidió refugio en la embajada de Colombia tras el autogolpe de Fujimori y luego se exilió en Bogotá.
El Poder Judicial le prohibió a García salir de Perú durante 18 meses, después de que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht con el fin de adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del Metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).
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