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por Sebastián Acosta
·En un comunicado, el consorcio Rutas de Lima indicó que la denuncia planteada por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra su accionista mayoritario y controlador Brookfield no tiene sustento legal y corresponde a acciones de hostigamiento y amedrentamiento por parte de la comuna.
El Consorcio Rutas de Lima expresó su rechazo a la denuncia penal planteada por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima contra su accionista mayoritario y controlador Brookfield por el cobro de peajes.
Mediante un comunicado, el consorcio indicó que la denuncia carece de sustento legal alguno y que solo busca difamar e intimidar a Brookfield, además de confundir a la opinión pública. Indicó también que esta medida es parte de las “acciones de hostigamiento y amedrentamiento” del municipio.
Según señaló, las acusaciones de la municipalidad están basadas en artículos periodísticos sacados de contexto y representan una violación a las órdenes del Tribunal Arbitral Internacional, respecto de la suspensión el proceso de caducidad, así como para que se abstengan de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto y contra Rutas de Lima durante el trámite del arbitraje.
En esa línea, dio cuenta que desde la gestión municipal han realizado ataques permanentes contra Rutas de Lima, lo que, a su juicio, genera un clima de grave hostilidad e inestabilidad en la operación.
Precisó que esta situación ocasiona un severo impacto en el valor de su inversión, lo cual, apunta, agrava indebidamente la controversia en curso entre las partes, “en flagrante y reiterada contravención a las órdenes dadas por el Tribunal Arbitral”.
Asimismo, invocó al municipio a que cese sus ataques y pidió al Gobierno Central que intervenga de forma inmediata a efectos de adoptar las medidas que correspondan, así se lograría el cese a lo que consideró como una “violación” de los derechos y garantías bajo las cuales se efectuó la inversión en el proyecto a cargo de Rutas de Lima.
Pedido de investigación
El último viernes, el procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una solicitud de apertura de investigación fiscal contra la empresa Brookfield, principal accionista de la concesionaria, por presunto lavado de activos.
De acuerdo con el petitorio, presentado por el procurador Carlos Cosavalente, "existen indicios" de que dicho fondo de origen canadiense estaría incurriendo en lavado de activos a favor de la empresa Odebrecht.
El documento, al que RPP Noticias tuvo acceso, toma como punto de partida un informe periodístico del 2017 que, según refiere el procurador, indicaría que "los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata, se mantienen como apoderados de Rutas de Lima".
Además, el funcionario alude a la venta de la firma brasileña del 57 % de su participación en Rutas de Lima a Brooksfield. "De esta forma, Odebrecht se quedó con 25 % y Sigma Safi con el 18 % de las participaciones".
No obstante, Cosavalente señala que "luego de efectuada la transferencia financiera con el fondo canadiense Brooksfield, la transnacional Odebrecht continuaba dirigiendo Rutas de Lima y, en consecuencia, seguiría a cargo del servicio e-pass consistente en la recaudación automática en los peajes".
Asimismo, señaló que "Odebrecht Perú Peajes SAC consignó" ante la Sunarp "como presidente del directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto, los mismos que ocupan cargos en Rutas de Lima y, a su vez, en Odebrecht Latinvest Perú SAC".
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Sebastián Acosta Periodista
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