Una apuesta ciudadana para superar la violencia

En el Leviatán, texto clásico de Ciencia Política, Thomas Hobbes ensaya una descripción de cómo era el ser humano antes de la aparición de la sociedad. Para el filósofo y político inglés del siglo XVII, el Estado de Naturaleza no es otra cosa que una situación ahistórica anterior a las leyes, donde todas las personas pueden hacer cualquier cosa para sobrevivir, con total impunidad y libertad. Por ende, el Estado de Naturaleza es una guerra constante de todos contra todos por la supervivencia, en la que se impone el más fuerte. Para salir del Estado de Naturaleza es necesario transitar hacia el contrato social, es decir un marco institucional que brinde protección y justicia, especialmente a los más débiles, apareciendo así el Estado. 

No obstante, en los últimos años, la evidencia señala que existe una peligrosa tendencia que nos aleja del contrato social y que nos empuja de nueva cuenta hacia el Estado de Naturaleza. Las cifras son contundentes. De acuerdo con data de la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 500 personas mueren a diario como resultado de la violencia interpersonal en las Américas. Nuestra región tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo, tres veces más que el promedio mundial. 

Alrededor del 58% de los niños de la región experimentan abusos cada año, un aproximado de 99 millones. Por otra parte, la violencia contra las personas mayores se calcula alrededor del 12%, aunque se da por descontado que la cifra es mucho mayor, ya que solamente se reporta 1 de cada 24 casos. Finalmente 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual de pareja en algún momento de su vida. Otro estudio de la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz evidenció que América Latina tiene 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo. 

Ante la degradación del contrato social, se esperaría que el Estado asuma su responsabilidad en materia de protección y justicia. Pero esto no es así, todo lo contrario, se percibe al Estado como indiferente y hasta cómplice. El caso peruano es más que axiomático. De acuerdo con Fraser 2022, encuesta anual a compañías mineras, la estabilidad política del Perú es calificada como la más baja a nivel mundial, al nivel de países como Mozambique y Papau Nueva Guinea. 

Latinobarómetro 2019 indica que los políticos peruanos son los más proclives al involucramiento en casos de corrupción de América Latina y el Caribe. El Barómetro de las Américas 2021 señala que la satisfacción con la democracia en nuestro país es la más baja de la región, a la par de la devastada Haití. De igual forma, la segunda encuesta nacional de derechos humanos divulgada el 2019, arrojó que 7 de cada 10 peruanos no sienten que los DDHH estén protegidos en nuestro país. La erosión de nuestra convivencia social, como muestra la evidencia, precisa de acciones concretas e inmediatas desde el Estado, pero también de la sociedad civil. 

Por cierto, un grupo de ciudadanos está intentando, a través de la campaña #uneteperu, generar desde las redes sociales una ola de reflexión acerca de cómo dirimimos nuestras diferencias y la importancia del diálogo y el respeto hacia nuestra diversidad.  Es un esfuerzo loable que apunta en la dirección correcta si queremos desarticular las múltiples formas de violencia que azotan a nuestro diario vivir.

A manera de conclusión, la regresión violenta que está viviendo la sociedad peruana precisa de una reflexión y acciones concretas. Es imprescindible que se fortalezca una agenda de debate sobre este fenómeno como propone el colectivo #uneteperu, enfatizando conceptos clave como el respeto a la diversidad, el diálogo como método para resolver nuestras diferencias y el reconocimiento al otro.  En la propuesta de esta campaña el Perú se juega también un partido muy importante como equipo.