¿Hasta cuándo nuestro país será vulnerable a las lluvias?

Año tras año, el Perú sufre con las lluvias que desencadenan inundaciones y huaicos, debido, principalmente, a la vulnerabilidad de nuestra infraestructura frente a estos fenómenos de la naturaleza. Implementar acciones urgentes de mitigación es imprescindible para proteger la vida de nuestros ciudadanos y minimizar los daños en la infraestructura del país.

Desafortunadamente, este año no será diferente. Estamos iniciando febrero y ya tenemos varios reportes de personas fallecidas, viviendas afectadas e inhabitables, entre otros, como consecuencia de las intensas lluvias.

El 18 de enero, deslizamientos y huaicos en el centro poblado Calicanto, región Ayacucho, resultaron en 26 casas afectadas, 4 personas heridas y 2 desaparecidas. El 27 de enero, un huaico afectó el caudal del río Caplina, lo que produjo el colapso de puentes y bocatomas en los distritos Pachía y Calana (Tacna). Además, según el Senamhi, en el pasado mes de enero la provincia de Tacna registró un récord histórico de lluvia desde 1997, poniendo a este departamento en su mayor situación de emergencia desde el terremoto de 2001. Más recientemente, el 1 de febrero en el centro poblado de Suchimán (Áncash), ocurrió el derrumbe de un cerro que dejó 15 personas desaparecidas.

Lamentablemente, este es un panorama que venimos repitiendo todos los años. Se discute la implementación del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres’’ a nivel nacional, entre otras acciones, pero, en concreto, poco se avanza en la construcción de infraestructura más segura y resiliente, que minimice el peligro y la vulnerabilidad de regiones ante los fenómenos naturales.

Hoy, menos de la mitad de los gobiernos regionales cuentan con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Esta situación es aún más preocupante si nos preguntamos cuántos de estos planes están siendo realmente implementados de forma adecuada y no son solamente acciones superficiales que buscan el restablecimiento de las zonas afectadas, como las vías de acceso y circulación, las líneas de comunicación, de energía y de agua.

Estos planes deben ser integrales, esto es, incluir la estimación, prevención del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, ya que cada etapa es importante, sobre todo en la fase inicial de la estimación, pues, si esta no está bien ejecutada, todas las demás fallarán.

El desarrollo de un plan demanda tiempo, tiempo que nos puede costar la vida de personas ubicadas en regiones de riesgo porque la naturaleza no espera. Por lo tanto, se debe acelerar el desarrollo de estos planes y de las acciones correspondientes a través, por ejemplo, de políticas de apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales, muchos de los cuales están enfrentando problemas para desarrollarlos, lo que deviene en retrasos, principalmente, por temas de disponibilidad de recursos técnicos para llevarlos a cabo.

Por otro lado, acciones inmediatas podrían ser implementadas con carácter de urgencia, como la instalación de sistemas de alarma temprana. Estos sistemas podrían informar con anticipación a la comunidad ubicada en zonas de riesgo sobre la probabilidad de ocurrencia de un huaico al analizar la información en el tiempo real de la precipitación y al evaluarla en función de los datos topográficos y geotécnicos de la cuenca/valle, ya que se podría estimar la probabilidad de ocurrencia de un huaico.

Paralelamente, se debería controlar la ocupación ilegal por parte de la población en las áreas de riesgo, además de desarrollar un plan de reubicación de las comunidades que se encuentran en dichas regiones.

No podemos seguir exponiendo a nuestra población a los riesgos producidos por los fenómenos de la naturaleza: sabemos dónde están las regiones más vulnerables, conocemos los principales riesgos involucrados y sabemos qué medidas debemos implementar, lo que falta es una gestión eficiente de los recursos para implementar las acciones de mitigación adecuadas.