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Uno de los factores claves para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) apruebe o no la solicitud de Green Card en Estados Unidos es el tipo de delito que se haya cometido.
Héctor Bonilla estuvo a punto de ser deportado de Estados Unidos tras ser acusado de conducir bajo los efectos de drogas y de transportar a sus hijas menores en su auto. Este incidente se convirtió en una total pesadilla para el inmigrante latino, quien fue encarcelado y tuvo que enfrentar una ardua batalla legal para reunirse con sus tres hijas; además de un complejo camino para obtener la residencia permanente, más conocida como la Green Card.
Según un reportaje de Los Ángeles Times, Bonilla fue liberado después de seis meses; sin embargo, fue trasladado al centro de detención de inmigración de Mesa Verde por otros seis meses. Debido a que era un inmigrante indocumentado fue presionado a firmar una salida voluntaria de USA, pero se negó, iniciando así un largo proceso en las cortes migratorias que duró cuatro años.
En 2019, tras pagar una multa de U$D 10 000 dólares y salir de Mesa Verde, Bonilla optó por solicitar la Tarjeta Verde con la ayuda de su esposa, quien lo patrocinó.
Frente a este y otros casos similares, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, a través de su sitio web, aclara que si un(a) inmigrante cuenta con antecedentes penales no significa que automáticamente se le rechace la posibilidad de obtener la Green Card.
Sin embargo, la denegación de la residencia permanente en USA también está relacionada al tipo de delito que se le impone al inmigrante. Estos incluyen crímenes contra la propiedad, como fraude, robo o falsificación; delitos contra personas con intención criminal o negligencia; así como delitos sexuales y familiares, como abuso.
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El abogado Sergio Siderman declaró a Los Angeles Times que lo primero que debe hacer una persona inmigrante indocumentada con antecendentes penales es ceñirse a La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Esta narmativa, promulgada en 1966, permite que cualquier persona dentro de Estados Unidos pueda acceder a registros federales, excepto cuando estos estén protegidos contra la divulgación pública por algunas exenciones vinculadas con el orden público o la seguridad nacional.
“El consejo (...) es siempre asegurarse de ejecutar su FOIA, para que tengan un registro completo de su historial real, porque ese será un factor determinante enorme en cómo una petición familiar puede ayudarlos a obtener la residencia, o cualquier otra forma de alivio”, explicó.
Después de acceder a este documento, Siderman sugiere que “dependiendo del tipo de antecedentes penales que tenga un inmigrante, podría ser útil anular o eliminar delitos de su registro”.
Fuente: Youtube | Eagan Immigration
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Diana Bueno Mercado Periodista
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