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El proyecto de ley sobre control migratorio enfrenta críticas por los elevados costos estimados, la falta de fondos y las exigencias logísticas que ICE considera imposibles de cumplir.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emitido un memorando interno advirtiendo que la Ley Laken Riley es inviable con los recursos actuales. Según el documento, la implementación del proyecto republicano que busca endurecer las políticas migratorias tendría un costo de U$D 26 900 millones en su primer año.
La medida, ya aprobada en la Cámara de Representantes, no contempla fondos adicionales para el personal o recursos necesarios, lo que ha generado preocupaciones en el Congreso. Además, ICE estima que el número de camas en centros de detención tendría que duplicarse, y se requerirían miles de nuevos agentes y abogados para procesar las detenciones y deportaciones.
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El desafío financiero de la Ley Laken Riley
El memorando, que circula entre legisladores en el Congreso, señala que las cifras iniciales para evaluar el proyecto estaban desactualizadas y no contemplaban la magnitud total de los costos.
ICE estima que se necesitan:
- 110 000 camas adicionales en centros de detención
- Más de 10 000 agentes de operaciones de cumplimiento y deportación
- Al menos 7 000 abogados con personal de apoyo para procesar los casos de inmigración
Estas necesidades superan por mucho las capacidades actuales de la agencia, la cual ya enfrenta limitaciones logísticas y presupuestarias significativas. La medida, aprobada en la Cámara de Representantes, no incluye asignaciones para personal o recursos adicionales, lo que ha generado inquietud entre legisladores de ambos partidos.
Enmiendas en el Senado: un intento de viabilidad
Los senadores están trabajando en varias enmiendas para ajustar la Ley Laken Riley y hacerla más viable. Entre las propuestas, se incluyen aumentos en el presupuesto destinado a ICE y una revisión de los criterios de detención establecidos por la ley.
Las críticas no se limitan a los costos. Expertos advierten que la implementación de la ley podría generar un colapso en el sistema judicial de inmigración, ya que los recursos humanos y materiales necesarios para procesar las detenciones y deportaciones exceden ampliamente la infraestructura actual.
Un panorama incierto para la votación final
Aunque el proyecto de ley ha recibido respaldo tanto de republicanos como de algunos demócratas, aún no hay un cronograma para su votación en el Senado. Este retraso refleja las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la medida y su impacto en el presupuesto nacional.
En el contexto del gobierno entrante de Donald Trump, quien ha prometido endurecer las políticas migratorias, la Ley Laken Riley se perfila como un punto clave en las discusiones sobre seguridad fronteriza. Sin embargo, las proyecciones de ICE plantean dudas sobre si los objetivos de la ley pueden alcanzarse sin comprometer otras áreas prioritarias del gasto público.
La falta de recursos y las complejidades logísticas subrayan los desafíos de transformar las promesas de campaña en políticas sostenibles. La discusión en el Senado será crucial para definir el futuro de la Ley Laken Riley y, con ello, el rumbo de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Créditos vídeo: YouTube | @cnnee.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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