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Desde julio de 2025, Idaho excluirá a los inmigrantes indocumentados de sus servicios públicos, incluyendo vacunas y atención prenatal.
Idaho se convierte en el primer estado de EE.UU. en prohibir el acceso a la vacunación pública a inmigrantes indocumentados, pese al avance de enfermedades como el sarampión. La medida, impulsada por el gobernador republicano Brad Little, también limita otros servicios esenciales y ha desatado una fuerte polémica por sus posibles consecuencias sanitarias y sociales.
A partir del 1 de julio de 2025, la nueva ley estatal bloqueará no sólo la vacunación, sino también pruebas médicas, atención prenatal y postnatal, orientación en crisis e incluso asistencia alimentaria para niños, siempre que los beneficiarios se encuentren en situación migratoria irregular. La iniciativa se enmarca en un impulso conservador que busca condicionar toda prestación pública a la verificación del estatus migratorio.
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Idaho endurece su política sanitaria y social
El proyecto, conocido como Ley de Idaho, fue promovido por legisladores republicanos que argumentan la necesidad de preservar los recursos del estado para ciudadanos legales. Uno de sus principales impulsores, el senador Phil Hart, justificó la medida señalando que los servicios médicos de emergencia seguirán disponibles para todos, aunque serán cobrados a quienes no acrediten estatus legal.
Hart subrayó que esta legislación responde a una directiva impulsada por el presidente Donald Trump, quien exigió a las agencias estatales y federales mayor control sobre quiénes acceden a los beneficios financiados por los contribuyentes estadounidenses. Con esta ley, Idaho busca alinearse con esa visión, restringiendo el gasto público destinado a personas que viven ilegalmente en el país.
Otros estados republicanos se suman a la tendencia
Aunque Idaho es pionero en promulgar una ley de esta naturaleza, no es el único que plantea restricciones similares. Otros estados gobernados por partidos conservadores ya preparan propuestas para condicionar la entrega de servicios públicos básicos, como vacunas o asistencia social, únicamente a residentes con ciudadanía o estatus migratorio regularizado.
Esta tendencia legislativa se intensifica en un contexto nacional donde la migración sigue siendo un tema de debate central y donde las políticas públicas comienzan a reflejar posturas más radicales. Las restricciones podrían replicarse pronto en otros estados del sur y del medio oeste, con el argumento de reducir el gasto estatal y limitar los incentivos a la inmigración ilegal.
Riesgos sanitarios y consecuencias sociales
Expertos en salud pública han advertido que limitar el acceso a servicios como la vacunación no solo pone en riesgo a las personas excluidas, sino también a la población general. La inmunización masiva es clave para evitar brotes de enfermedades contagiosas como el sarampión, especialmente en un momento en que los casos van en aumento en el país.
Además, organizaciones de derechos humanos y profesionales de la salud alertan sobre el impacto de estas políticas en niños y mujeres embarazadas, quienes perderán servicios clave para su bienestar. Si bien la ley federal ya impide a los indocumentados acceder a programas como Medicaid o Medicare, las restricciones a nivel estatal profundizan la exclusión y podrían generar consecuencias sanitarias graves y a largo plazo.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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