A través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la fiscal de la Nación dispuso nombrar a Mirko Cano Gamero como nuevo coordinador nacional de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos.
Judiciales
Rafael Vela Barba fue repuesto en el cargo en marzo del 2024; sin embargo, Delia Espinoza decidió removerlo, este sábado.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio por concluida la designación del fiscal superior Rafael Vela Barba como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. Así lo dispuso en una resolución publicada este sábado en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
"Dar por concluida la designación del abogado Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio (sede Lima), -designado en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos-, como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos [...], a partir de la fecha de notificación de la presente resolución", indica la disposición en el artículo primero.
En el cargo de Vela Barba, la titular del Ministerio Público designó a Mirko Dino Cano Gamero, fiscal adjunto supremo titular, designado en el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Este último asumirá, además, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y, la Coordinación en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Cabe resaltar que Rafael Vela fue repuesto en el cargo de Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos hace poco más de 10 meses, exactamente en marzo del año pasado, por el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena.
Vela había sido separado del cargo el 5 de octubre de 2023, cuando la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ordenó su suspensión como fiscal superior titular por 8 meses y 15 días, sin goce de haber, por supuestamente incurrir en infracciones graves y muy graves durante el ejercicio de sus funciones. Esto por los cuestionamientos que hizo ante la prensa, en el 2020, a los jueces de la sala superior que dispuso la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Odebrecht.
No obstante, el pasado marzo, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) le concedió una medida cautelar contra dicha suspensión, por lo que retornó a su puesto. Finalmente, el último mes de diciembre, el Poder Judicial anuló la suspensión al declarar fundada una demanda de amparo que presentó Rafael Vela, a través de su defensa legal, para que se declare la nulidad de la resolución que emitió la ANC. La judicatura ordenó que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público cumpla con emitir una nueva resolución.
¿Por qué el cambio?
Cabe resaltar que la resolución suscrita por la fiscal de la Nación no solo separó del cargo a Rafael Vela, sino también a Vanessa Milagros Díaz Ramos como encargada de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de la Coordinación en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima; y a Elma Sonia Vergara Cabrera como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio.
Según se indica en el documento, los cambios se hacen en el marco "del proceso de modernización de la gestión pública y alineado con el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): “Incrementar la capacidad resolutiva de casos fiscales requeridos por la sociedad”; objetivo tal que se orienta a mejorar la celeridad del servicio que ofrece el Ministerio Público, con especial énfasis a su función constitucional como titular de la acción penal, lo cual importa la intervención del fiscal como ente encargado de conducir la investigación del delito; por tanto, con incidencia directa en la celeridad procesal".
"En ese contexto, es de mencionar que, las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realizan labores que incluyen la atención de casos complejos que mantienen estrecha vinculación, los cuales requieren enfoques integrales, planificados y coordinados para garantizar resultados efectivos en la persecución de delitos que afectan gravemente los derechos de los ciudadanos y la seguridad del Estado; dicha circunstancia, pone de manifiesto la necesidad de unificar esfuerzos y fortalecer estrategias en la investigación de estos delitos que tienen alta sensibilidad social", señala la resolución.
"Por ello, la actuación bajo una única coordinación contribuirá a garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos. Además, permitirá una mejor articulación de funciones entre los distintos despachos fiscales, maximizando el impacto positivo de sus actuaciones y asegurando una respuesta más eficiente, coherente y alineada con las demandas sociales", puntualizó.
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