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por Julio Cisneros
·El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo el Área Especializada en Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación para que se ejecute esta medida sobre las cuentas bancarias y financieras de dicho legislador y de un grupo de trabajadores de su despacho congresal que se encuentran en calidad de “afectados” dentro de este caso.
El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario del legislador de la bancada de Podemos Perú, José Arriola, investigado en la Fiscalía por un presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho congresal durante el periodo comprendido entre diciembre del 2021 a marzo del 2023.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo el Área Especializada en Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación para que se ejecute esta medida sobre las cuentas bancarias y financieras de dicho legislador y de un grupo de trabajadores de su despacho congresal que se encuentran en calidad de “afectados” dentro de este caso.
El magistrado precisó que el levantamiento del secreto bancario de estas personas se efectuará respecto al periodo comprendido del primero de octubre del 2021 al 30 de marzo del 2023.
Mediante una resolución emitida el último 2 de diciembre, Checkley Soria precisó que la medida requerida por la Fiscalía es idónea, necesaria y proporcional, ya que permitirá comprobar la existencia de depósitos y transferencias bancarias para determinar la presencia o no de movimientos dinerarios que habría solicitado Arriola Tueros a los trabajadores del despacho congresal, los cuales ascenderían al 10 y 15 % por conceptos de ingresos por remuneraciones e ingresos por bonificaciones, respectivamente.
“Al ponderar la intensidad de la limitación de los derechos fundamentales y el interés socialmente protegible frente a la gravedad de la infracción penal que se atribuye al investigado, se puede concluir que el levantamiento del secreto bancario para Arriola Tueros y los terceros afectados reúne suficientes razones que la justifican para lograr recabar los datos que aclaren los hechos incriminados que son de interés público”, precisa el magistrado en su resolución.
Juan Carlos Checkley dispuso que la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones cumpla con remitir a la Fiscalía el reporte de cuentas bancarias y financieras, cerradas, vigentes y/o en liquidación de ahorros cuentas corrientes, mancomunadas si las hubiera y otras registradas a nombre del legislador José Arriola y los trabajadores del despacho congresal del investigado, movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los movimientos, informar el número total de las transferencias, depósitos o cualquier otra operación bancaria que se hubiera realizado en las cuentas activas y pasivas del investigado y los afectados, entre otras informaciones, respecto al periodo señalado.
El magistrado dispuso que, una vez ejecutada la presente medida restrictiva de derechos, la Fiscalía deberá dar cuenta a su despacho sobre el resultado para el control respectivo y también hacerla de conocimiento a los afectados a fin garantizar lo preceptuado en el artículo 204° del Código Procesal Penal.
El último 19 de agosto, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el Congresista José Arriola por el presunto delito de concusión en agravio del Estado a raíz de este caso.
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Julio Cisneros Periodista
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