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por Julio Cisneros
·La empresaria Sada Goray, al igual que el periodista Mauricio Fernandini, cumplen 30 meses de prisión preventiva tras reconocer ante el Ministerio Público pagos en efectivo de más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo.
Judiciales
Está solicitud fue admitida a trámite el último 20 de mayo por el juez Raúl Justiniano
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial ser incorporada como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de la investigación preparatoria seguida a la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros por el caso Fondo Mi Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.
Mediante un escrito, la defensa legal de nuestro país cumplió con precisar la pretensión patrimonial que persigue, además del perjuicio que se les imputa a cada uno de los investigados, y expone las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar reparación civil a favor del Estado.
Está solicitud fue admitida a trámite el último 20 de mayo por el juez Raúl Justiniano, quien dispuso poner en conocimiento de las partes involucradas para que expongan lo conveniente.
El magistrado precisó que, de presentarse alguna oposición a esta solicitud, se programará fecha para una audiencia virtual a fin de que sea evaluarla con la participación de las partes procesales.
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Si el juez Justiniano Romero acepta dicha solicitud de constitución en actor civil, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción quedara habilitada para poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le puede imponer a estos investigados en caso ser hallados culpables de los cargos que la Fiscalía les atribuye.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició está investigación preparatoria luego que la empresaria Sada Goray, quien cumple prisión preventiva por 30 meses al igual que el periodista Mauricio Fernandini, reconoció ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, entonces Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que su entonces empresa MarKa Group obtuviera contratos en este sector durante el gobierno de Pedro Castillo.
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Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
Julio Cisneros Periodista
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