Abogado Fernando Silva: Recursos de la defensa de Pedro Castillo "pretenden siempre que no se investigue"

El abogado penalista Fernando Silva se refirió a los recursos presentados por la defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo, para anular una investigación y una denuncia constitucional en su contra. El primer caso es un recurso de hábeas corpus presentado por Eduardo Pachas que busca anular lo actuado por la Fiscalía en caso Petroperú y el segundo es una tutela de derechos sustentada por Benji Espinoza que pretender anular la denuncia constitucional realizada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y elevada ante el Congreso.

"Aquí hay dos casos diferentes con dos recursos distintos. Un primer caso que tiene una investigación preliminar la fiscal de la Nación sobre la participación criminal supuestamente con una organización dentro de Palacio de Gobierno que permite apropiarse de las obras que vienen realizándose en el Ministerio de Vivienda", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Denuncia Constitucional

En cuanto a la denuncia constitucional, Fernando Silva explicó que, ante la imposibilidad de la fiscal de la Nación para seguir más allá de una investigación preliminar, la titular del Ministerio Público elevó la denuncia ante el Congreso para que le autoricen acusar al mandatario.

"En esa investigación (sobre las obras en el Ministerio de Vivienda) la Fiscalía ya tiene la autorización judicial para hacer una investigación hasta que culmine la preliminar. Y ahí está. Sin embargo, la fiscal de la Nación el día 11 de octubre presentó una denuncia constitucional en la que no solamente abarcó esos casos, sino que también abarcó el caso Petroperú, el caso Asesores en la sombra y un conjunto de elementos de prueba que se los puso en comunicación al Congreso de la República para que se active un mecanismo casi ya político. Esa acción es la que la defensa del presidente de la República la ha llevado al juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley", precisó.

Sin embargo, consideró que el recurso de tutela de derechos planteado por la defensa de Castillo sería un error, ya que es una prerrogativa fiscal.

"Ese es el primer error procesal que yo creo que tiene la tutela de derechos, porque la fiscal de la Nación lo que ha hecho es una denuncia independiente de los casos o del caso que este juez tiene competencia para conocer. Entonces lo que está haciendo la defensa de Pedro Castillo es utilizar el caso que ya conocer el juez Checkley para pretender anular una denuncia constitucional, que es una facultad de la fiscal", agregó.

Caso Petroperú

Con referencia al caso Petroperú, silva precisó que lo que se busca es anular las investigaciones mediante una acción de amparo. No obstante, son mecanismos únicamente de forma y evitan pronunciarse sobre el fondo; es decir, sobre si hubo o no realmente irregularidades.

"En el caso de Petroperú, lo que ha presentado la defensa del presidente es un hábeas corpus que pretende buscar la nulidad de una intervención que se hizo el año pasado por parte de la fiscal Nora Córdova en Palacio de Gobierno. Entonces a partir de ese hecho, que la defensa considera ilegal, pretender anular una investigación. La acción de amparo que han presentado también la defensa del presidente va contra la posibilidad de una vacancia presidencial. Lo que está haciendo la defensa del presidente es usar todos los mecanismos de forma para buscar anular investigaciones. Pero nunca se preguntan sobre el fondo; es decir, sobre si hay irregularidades, si hay comisión de delito o no. Lo que pretenden siempre es que no se investigue", aseveró.

¿Qué sucederá con estos recursos?

En el caso de Petroperú, el hábeas corpus ya había sido rechazado en dos oportunidades, así que el penalista explicó que tendría que correr con la misma suerte en la tercera oportunidad.

"El hábeas corpus ha sido declarado improcedente dos veces. Por eso está al nivel del Tribunal Constitucional al día de hoy. Yo considero que no se puede, a partir de un hábeas corpus sobre una diligencia muy puntual, buscar la nulidad de toda una investigación. Creo que allí, desde el petitorio, el esquema debería ser rechazado por tercera vez en el Tribunal Constitucional", mencionó.

En cuanto al pedido de la fiscal de la Nación para investigar al presidente, remarcó que la fiscal de la Nación tiene entre sus funciones realizar las denuncias que correspondan a hechos criminales, motivo por el cual sería imposible desde el punto de vista legal y constitucional.

"En referencia a la tutela, lo que la defensa del presidente pretende lograr es que un juez le diga a la fiscal de la Nación que no puede hacer una denuncia constitucional. Eso es imposible desde un punto estrictamente legal y constitucional, porque la fiscal de la Nación tiene como función principal hacer las denuncias que corresponden ante un hecho criminal. Y lo que ha fiscal de la Nación ha hecho es decirle al Congreso que no puede investigar más porque un juez le ha prohibido, porque no puede ir a una investigación preparatoria. Entonces para yo poder continuar requiero que me des la autorización y emitan una resolución legislativa que acuse al presidente. Eso es lo que están haciendo, es un pedido", finalizó.