Nicanor Boluarte sigue como no habido: ¿qué dicen los abogados sobre la decisión del hermano de la presidenta? [INFORME]

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, cumplió una semana como no habido. El pasado 18 de noviembre, durante el desarrollo de la audiencia en la que se decidiría la solicitud de prisión preventiva en su contra, su abogado Luis Vivanco dio cuenta al juez Richard Concepción Carhuancho de que no había podido comunicarse con su defendido, quien no se conectó a dicha diligencia. 

Esa situación se repitió al día siguiente, cuando el referido magistrado dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de las investigaciones por el caso Los Waykis en la sombra, en el cual Boluarte Zegarra y otros cinco implicados son procesados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Vale indicar que, dos días después, la Policía acudió a la casa de Nicanor Boluarte, pero no lo encontró. 

Frente a esa situación, Juan Carlos Portugal, abogado de la jefa de Estado, en entrevista con 'Prueba de fuego' de RPP, recomendó al familiar de la mandataria seguir como no habido. 

"Si Nicanor me está escuchando, le recomendaría que se conserve en esa condición, así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece del flagelo de ese juez en particular. Me debo al derecho de objeción a conciencia de no acatar decisiones injustas y arbitrarias, esperemos el recurso de apelación", indicó. 

Ante ello, RPP consultó la opinión de tres abogados respecto a si la decisión de Nicanor Boluarte se enmarca dentro de la legalidad y qué efecto tendría en su condición jurídica. Estas son las respuestas de los penalistas Julio Rodríguez; Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL); y de Romy Chang.

Julio Rodríguez: "Es un derecho humano cautelar la libertad"

El abogado penalista Julio Rodríguez indicó que la Corte Suprema e, incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señalan que no se puede valorar una decisión como la de Nicanor Boluarte en su contra, ya que "es un derecho humano cautelar la libertad".

"Lo que sí es un hecho es que la Corte IDH y la Corte Suprema nuestra han dicho que la persona que se esconde, que protege su libertad cuando tiene una medida como esta, no puede ser calificado peyorativamente, ni en la apelación ni eventualmente en la casación que pueda resolver la Corte Suprema; es decir, eso no se puede valorar en contra, es un derecho humano cautelar la libertad", explicó. 

"Tanto es en el caso nuestro que el único supuesto en donde no se castiga la desobediencia a la autoridad es cuando la persona resiste a su propia detención, o sea, estamos dentro de los estándares internacionales", acotó.

En esa línea, remarcó que "es correcto" considerar que, en este caso, estar prófugo de la acción de la justicia no es un delito, y resaltó que esta decisión del hermano de la presidenta no puede afectar lo que resuelva la Corte Suprema en una eventual apelación. 

"Se le puede decir que es prófugo de la justicia, porque tiene una orden vigente, pero esa calificación no puede afectar la decisión ni de la apelación ni eventualmente lo que pueda decir la Corte Suprema, si es que llega a ella", aseveró.

Rodríguez indicó que "el gran problema" del caso de Nicanor Boluarte no es su situación de no habido, sino el fundamento de la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, lo cual calificó como "muy peligroso".

"El fundamento que dice ‘la norma de crimen organizado, para mí, como juez, es inconstitucional’, hasta ahí el juez está haciendo uso de lo que se llama (…) control difuso, que el juez puede inaplicar una ley para el caso concreto si es que esa ley la entiende contraria a la Constitución, pero eso no le da al juez la potestad de revivir una ley derogada", enfatizó. 

"El juez inaplica la ley para el caso concreto, pero no puede decir: ‘como esta ley no me gusta, yo voy a aplicar una que está derogada’, eso no lo puede hacer el juez, sino yo podría ser juez y decir el día de hoy: ‘miren este código del 91 a mí, al final, no me gusta, tiene 700 modificaciones, yo lo voy a inaplicar porque creo que choca con la Constitución, voy a aplicar el Código derogado de 1924’. No puedo hacer eso, resquebrajo toda la estructura del estado de derecho cuando un juez decide aplicar una ley derogada, eso no lo puede hacer de ninguna manera, eso es lo peligroso", sostuvo.

Asimismo, dijo que le parecen "absolutamente insuficientes" varios de los fundamentos del referido juez para sustentar la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte.

"Cuando se habla de que él no colaboró con el celular, no colaboró con entregar las claves, etc. Ya lo dijo la Corte Suprema (…), lo ha dicho en el caso de la jueza Peralta, si una persona se niega a entregar sus claves, se niega a entregar aquello que lo va a perjudicar, está respetando su derecho a no auto inculparse (…) Entonces, la decisión de Concepción Carhuancho, en ese aspecto, es absolutamente contradictoria a estos lineamientos que da la Corte Suprema", puntualizó. 

Raúl Canelo: "Si una resolución del juez no está bien motivada, eso lo tiene que decidir el superior (...), pero no significa que no se cumplan las decisiones"

Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), explicó que existen mecanismos judiciales si es que los investigados consideran que la decisión de un juez "no está bien motivada", pero que eso no significa que, en el proceso, no se deban acatar las resoluciones. 

Cabe indicar que Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, en entrevista con RPP, dijo que la resolución de Richard Concepción Carhuancho "no es firme porque está apelada y tendrá que ser revisada", y que su patrocinado "no se va a someter a esta decisión porque considera que es una medida arbitraria y en ese contexto no lo aceptará".

Al respecto, Canelo Rabanal indicó que, si bien lo resuelto puede ser revocado, la decisión "se cumple". 

"La Constitución establece como garantía de la administración de justicia la debida motivación de la resolución. Si una resolución del juez no está bien motivada, eso lo tiene que decidir el superior a través de una apelación, en el Perú existe la posibilidad de apelar las decisiones judiciales; pero eso no significa que no se cumplan las decisiones. La decisión se cumple", indicó. 

El decano del CAL señaló que el permanecer como no habido es un acto que complicará la situación jurídica de Nicanor Boluarte, ya que así "no se contribuye con la administración de justicia", lo cual es "uno de los elementos concomitantes para que se dicte una prisión preventiva".

"Para que haya prisión preventiva, la persona no debe tener arraigo ni domiciliario ni laboral, la persona ha tenido que ocultar prueba o hay peligro de fuga. En este caso, tiene que ver con la colaboración con la justicia: si la persona no está colaborando, y más aún se está ocultando, su situación se hace mucho más difícil y los elementos para esa prisión preventiva comienzan a configurarse en contra del procesado. No es correcto, yo creo que el procesado ahí debió ponerse en manos de la justicia, no evadirla, y de ese modo contribuir con la administración de la justicia y, eventualmente, si es inocente, eso lo va a favorecer", explicó. 

Asimismo, Raúl Canelo indicó que el hecho de que la defensa haya presentado un habeas corpus para que Concepción Carhuancho se aparte del caso por un presunto adelanto de opinión, tampoco podría considerarse como una justificación para que Boluarte Zegarra evada la justicia. 

"No es correcto, solamente [el juez] tendría que apartarse si se declara fundada la acción de amparo y se determina que tuvo un adelanto de opinión (...), pero mientras no se compruebe, el juez continúa en el ejercicio de sus funciones. Imagínese que mañana cualquier ciudadano o procesado inicie una acción de amparo o diga que se ha adelantado opinión o lo que fuera, y diga 'ya no quiero este juez, que se vaya el juez', imagínese, la justicia, no funcionaría. Solo opera el efecto si es que el amparo se declara fundado, evidentemente, en ese caso, el juez tendría que apartarse por mandato del juez constitucional", explicó.

"Entonces, es un error el decir que porque he hecho un amparo, entonces tiene que apartarse el juez, es un lamentable error. Creo que es una maniobra de las partes, de los interesados, en que no se cumplan las decisiones judiciales", agregó. 

Finalmente, Canelo Rabanal consideró que un abogado que recomiende a su patrocinado u a otra persona que evada una decisión judicial está cometiendo una falta ética por la que podría ser sancionado por el CAL.

"Si el abogado le recomienda a su cliente que se esconda, que no se ponga a derecho, que no cumpla la ley, que no cumpla una decisión judicial, lo que está haciendo es cometer una situación grave, eso es delicado, eso no es correcto. El abogado no puede ni debe aconsejar a su cliente no cumplir la ley o sustraerse de las decisiones judiciales. Justamente, el abogado es quien debe, todo lo contrario, colaborar con la administración de justicia y, en todo caso, aconsejarle a su cliente que debe cumplir el mandato judicial e instruirlo respecto a qué significa no cumplir un mandato judicial. Esta situación (...) podría generar que el Colegio de Abogados, a través de los órganos deontológicos, le abra un proceso penal a pedido de parte o de oficio", puntualizó. 

Romy Chang: "Uno, aunque no esté de acuerdo, debe acatar lo que dice un juez, no irse prófugo"

Por su parte, la abogada penalista Romy Chang consideró también que la decisión de Nicanor Boluarte no se enmarca dentro de la legalidad, y que por ello está siendo buscado por la Policía.

"Independientemente de que uno no esté de acuerdo con la decisión de un juez, este representa al Estado, representa la voluntad o la decisión de la justicia, por así decirlo, y por tanto uno, aunque no esté de acuerdo, debe acatar lo que dice un juez (…), no irse prófugo, como el caso del señor Boluarte. Claramente es un acto ilegal", indicó.

"Por esa razón, la Policía lo está ubicando, se entiende, y si lo encuentran, inmediatamente tendría que ser conducido frente al juez para cumplir la orden que él ha dado, que es la de prisión preventiva", añadió.

Asimismo, la abogada sostuvo que, en caso de que haya desacuerdo con la decisión de un magistrado, existen "medidas legales", pero que eso no significa "desobedecer lo que dice el juez".

"Yo no conozco a ninguna persona a la que le hayan dado prisión preventiva y diga que es una medida justa o que es una medida adecuada. Evidentemente, todos siempre van a decir que es algo que no se merecen, que es injusto y que no están de acuerdo; pero para eso existen medidas legales, que es la apelación de esa prisión preventiva, pero no es desobedecer lo que dice el juez", sostuvo.

Sin embargo, Romy Chang consideró que el juez Concepción Carhuancho no había aplicado adecuadamente el recurso de control difuso, con lo cual se había impuesto 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte al ser tipificado su accionar como organización criminal.

"La Constitución establece un mecanismo, que es el mecanismo del control difuso, que implica que un juez puede dejar de aplicar una norma cuando esa norma es inconstitucional y vulnera los derechos de los investigados. En esos casos, sí, el juez puede decidir no aplicarla, haciendo uso de esta herramienta que es el control difuso; pero, en este caso, el juez Carhuancho ha hecho algo que es al revés: en lugar de dejar de aplicar una norma para favorecer a los investigados, la ha dejado de aplicar, pero claramente en contra de los investigados (...) Entonces él ha hecho algo que nunca se ha hecho y que no es, a mi parecer, correcto", explicó.

"Sin embargo, incluso con eso, uno puede discrepar como abogado y también el proceso da los mecanismos para poder evitarlo, por ejemplo, la apelación de la prisión preventiva que, de hecho, es algo que también los abogados ya han realizado, ellos ya han apelado la prisión preventiva, y la segunda instancia será la que se encargue de decir si este razonamiento del juez Carhuancho fue correcto o no es compartido por esa sala; y si no lo comparten, entonces tendrá que modificar su decisión (...) Entonces, yo creo que eso sí está mal, definitivamente, esa interpretación que él ha hecho, el uso de esa herramienta de control difuso no ha sido la correcta, pero cuando uno discrepa, va y apela (…) La decisión [del juez] no quita igual que el señor Nicanor Boluarte siga siendo considerado un prófugo de la justicia", agregó. 

Además, enfatizó que el derecho internacional no dice que "todos tienen el derecho de desobedecer lo que dice un juez y no ir a la cárcel", y que Nicanor Boluarte, a raíz de la disposición en su contra, será considerado "en el mundo entero" como un "prófugo de la justicia". 

"En todo el mundo entero, él va a ser considerado un prófugo en la justicia. Es más, si saliera de Perú y fuera a otro país, a él se le detendría porque, se entiende, que ya las autoridades han tramitado incluso una orden de captura internacional en su contra, o al menos así debería ser", expresó.

"Sí es cierto que, obviamente, si es que te van a meter a la cárcel, no es que tengas el derecho a fugar, a mi parecer, es que se entiende que no te presentes por el temor (…), es una decisión personal finalmente que, además, yo entiendo, en su caso, [es] por un tema de estrategia legal, porque él estaría esperando que la Sala Superior sí haga un correcto uso de la herramienta del control difuso y revoque la decisión del juez Carhuancho. Entonces, yo entiendo que, en su estrategia legal, lo más lógico es ‘mejor me espero prófugo, no voy a la cárcel’, porque al final igual esa decisión se debería de revocar o hay muchas posibilidades de ganar la apelación, pero no es que el derecho internacional diga que todos tienen el derecho de desobedecer lo que dice un juez y no ir a la cárcel, porque bajo esa lógica entonces no existirían órdenes de captura internacional", puntualizó.