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por Roberto Silva
·La Contraloría estableció que en el año 2023 se perdieron más de 24 mil millones de soles del dinero estatal debido a la corrupción e inconducta funcional.
"Los intocables de la corrupción", "Asesores en la sombra", "Puente Tarata III", "Caso Odebrecht", "Los operadores de la Reconstrucción", "Los Dinámicos del Centro" y "Los Terribles de la Impunidad", "Los Compadres Ediles", "La Centralita". Son solo algunos de los nombres de la lista de casos de corrupción investigados por las autoridades.
La extensión de denuncias y el alto nivel de funcionarios involucrados en casos de corrupción han llevado al Ministerio Público a formar el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder desde el año 2022, y a la Policía a establecer un equipo especial dedicado a apoyar el trabajo fiscal.
En 2022, el 81 % de los peruanos consideraba que la corrupción había crecido en los últimos cinco años; y el 86% manifestaba que dicho flagelo les perjudicaba en su vida cotidiana, según la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción realizada por la Proética, ONG dedicada a promover la ética y la lucha contra la corrupción.
Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), comentó que la corrupción ocasiona un bajo crecimiento económico y afecta directamente a la población, con más pobreza y desigualdad.
"Tenemos menos crecimiento económico, más pobreza, más desigualdad, más de la mitad de peruanos respondieron esas tres variables. Entonces, sí estamos viendo que que la población lo siente así, siente como nos está afectando la corrupción, ya no solamente a nivel lejano, sino a un nivel muy cercano", mencionó.
Corrupción en nuestro ordenamiento jurídico
La corrupción es la conducta ilícita que engloba una serie de delitos tipificados en el Código Penal. Entre estos se encuentran el cobro indebido, el cohecho, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos, el peculado y el tráfico de influencias. Para el ciudadano de a pie, la mayoría de estos delitos se resume en una coima para el funcionario.
Pese a las severas penas establecidas por casos de corrupción, estos actos siguen ocurriendo en diversos niveles del Estado, lo que afecta a la sociedad y contribuye a generar una cultura donde algunos normalizan comportamientos ilegales.
El exprocurador anticorrupción José Ugaz consideró que los niveles de corrupción aumentaron desde el 2000 pero en los últimos años esta situación se ha agravado.
"Ya hay una caída libre, diría yo, con Pedro Castillo y el actual régimen que nos pone en una situación de gran impunidad. Escándalos de corrupción todos los días y una ciudadanía que de alguna manera está impávida", manifestó.
Casi todos los últimos presidentes de la República han sido vinculados a presuntos actos de corrupción. Alejandro Toledo se encuentra en prisión preventiva mientras es procesado por presuntamente recibir sobornos de la empresa Odebrecht. Su sucesor, Ollanta Humala, estuvo en la misma condición durante 9 meses y actualmente está siendo investigado por presuntamente recibir aportes ilícitos de la misma constructora.
De otro lado, Alan García fue investigado por supuestos pagos ilegales de la constructora Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski estuvo con detención domiciliaria y la fiscalía lo investiga, entre otros hechos, por supuestamente favorecer a la misma empresa Odebrecht cuando fue ministro de Alejandro Toledo.
Asimismo, Martín Vizcarra es investigado por presuntamente recibir sobornos a cambio de la concesión de obras cuando fue presidente regional de Moquegua y presidente de la República. Sobre Pedro Castillo pesan acusaciones por supuestamente encabezar una organización criminal que desde el gobierno controló y direccionó procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas.
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Estado disfuncional
Rubén Cáceres Zapata, autor del libro "Corrupción Perú: La cleptoestructura del Estado disfuncional", dijo que el robo de recursos públicos nos lleva a una sociedad fallida, por eso es necesario fundar una segunda república.
"En este momento el Estado ya es disfuncional como consecuencia de la invasión de la corrupción. Entonces, yo planteo la posibilidad de una segunda República, o sea, la primera República está caminando a ser totalmente fallida y está siendo dominada justamente por la economía delictiva", señaló.
La segunda República, indicó Cáceres, debe estar sustentada en una agenda común, en una economía que proporcione bienestar y en la solidaridad entre los ciudadanos.
La Contraloría estimó que los recursos públicos perdidos en 2023 por la corrupción hubieran permitido aliviar la situación de toda la población en condición de pobreza durante dos años. En 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores indicó que el dinero perdido por la corrupción en el Perú hubiera permitido construir 230 centros de salud y 116 hospitales.
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Roberto Silva Periodista
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