Zoraida Ávalos acogió la propuesta del fiscal supremo Rafael Vela, quien días atrás consideró necesario que la Corte Suprema del Poder Judicial se pronuncie sobre el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori para anular su orden de prisión preventiva.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, acogió la propuesta formulada por el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato y solicitó al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, la realización -con carácter de urgente- de un Pleno Casatorio de Jueces en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que se evalúe los criterios para que un magistrado dicte prisión preventiva.
Recientemente, en una entrevista con el programa Cuarto Poder, el fiscal superior Rafael Vela consideró que es "indispensable" que la Corte Suprema del Poder Judicial realice un plenario para pronunciarse de sobre el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori para anular su orden de prisión preventiva.
"El Equipo Especial va a solicitar a la fiscal de la Nación que este asunto en particular se resuelva a través de una sentencia plenaria. Significa que todos los jueces supremos de materia penal como corresponda, y no una única sala, para obtener mayor legitimidad social", había adelantado el fiscal supremo al mencionado programa.
En el documento, la fiscal de la Nación expresó la preocupación de esta institución por la Casación N° 144-2018, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia el 11 de abril del 2019, la cual eleva los requisitos para que pueda dictarse prisión preventiva y se acredite el peligro procesal.
"De acuerdo con los fiscales del Equipo Especial, la citada sentencia establece una flexibilización del arraigo del imputado en el país, cuya ausencia configura el presupuesto material de peligro procesal, concretamente el supuesto de peligro de fuga, lo cual difiere con el criterio establecido en la Casación N° 626-2013", advierte.
Ávalos señala que la "cuestionada" casación vinculante (N° 144-2018) "genera una afectación al aseguramiento de la labor investigativa del Ministerio Público" y representa "un retroceso en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada e incluso la delincuencia común".
Comparte esta noticia