Poder Judicial ordena incautación de dos terrenos en Chilca de propiedad de Mark Vito Villanella

El Poder Judicial ordenó la incautación con fines de decomiso de dos bienes inmuebles de propiedad de Mark Vito Villanella, esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como parte del proceso penal que ambos afrontan por el caso Odebrecht. Se trata de dos lotes ubicados en Chilca.

La medida ha sido dispuesta por el juez Víctor Zúñiga Urday, quien ha adoptado esta decisión al declarar fundada una medida cautelar presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, para que se proceda con la incautación de estos bienes inmuebles ubicados en Cañete con fines de decomiso.

El fallo establece, además, que estos predios serán entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para su administración respectiva y que la disposición judicial emitida por su despacho sea anotada en la oficina de Registros Públicos para evitar que estos predios puedan ser transferidos a terceras personas.

Zúñiga Urday dispone que se proceda con el desalojo en el supuesto de que los ocupantes del predio se nieguen a desocupar los inmuebles indicados en la resolución. El magistrado determinó que el fiscal Jose Domingo Pérez y los integrantes de su despacho ejecuten esta disposición judicial con con el apoyo de la Policía Nacional.

Fiscal solicitó prisión contra Vito Villanella

Cabe recordar que el fiscal Pérez ha solicitado 22 años y ocho meses de prisión para Mark Vito Villanella por el presunto delito de lavado de activos dentro de la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 41 personas incluidas en el caso conocido como 'cocteles'.

La acusación se formuló por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo. El documento fiscal incluye más de 15 mil páginas y fue presentado ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday en marzo de este año.

La acusación también incluye al partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y la empresa MVV Bienes Raíces SAC, como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación. El Ministerio Público, además, incluye en el requerimiento acusatorio la aplicación de varias medidas cautelares a los demás acusados.

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