Juez dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, deberá pasar 36 meses bajo prisión preventiva al existir "graves sospechas" de que ordenó a la cúpula de su partido lavar dinero para financiar su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, según la resolución emitida este miércoles por el juez Richard Concepción Carhuancho. Está previsto que Fujimori Higuchi se quede en prisión hasta el 30 de octubre de 2021.

El magistrado consideró que Fujimori lideró una organización criminal enquistada en su partido para captar dinero ilícito y así acceder al poder político. Concepción Carhuanco anticipó que la posible condena a la que se enfrenta la hija del expresidente Alberto Fujimori es de al menos diez años de cárcel por un presunto delito de lavado de activos agravado.

El dinero fue presuntamente lavado con la simulación de múltiples donaciones de personas particulares que prestaron su nombre para elaborar una contabilidad ficticia. Así se hizo supuestamente con el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori, aparentemente desde la cuenta utilizada por la empresa para pagar sobornos en una docena de países de Latinoamérica.

Obstrucción de la justicia y peligro de fuga 

Concepción Carhuancho señaló que otro motivo para dictar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori es el peligro de obstrucción de la justicia. En ese sentido, citó declaraciones de testigos que aseguran que Keiko Fujimori se reunió con el exjuez César Hinostroza, actualmente en prisión provisional en España por liderar una gran red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en el seno de la judicatura.

Hinostroza presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y en esta debía resolver dos recursos de Keiko Fujimori para archivar la investigación que sigue a ella y a Fuerza Popular el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez.

Sobre el peligro de fuga, el juez consideró que este "es intenso y alto" a pesar de que Fujimori tiene arraigo domiciliario y ocupacional, mas no laboral, pues pudo en duda que dirigir un partido político sea un vínculo laboral.

Detenida en carceleta

Tras la lectura de la resolución, que se prolongó por casi ocho horas, Fujimori quedó detenida en una carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el Poder Judicial, donde permanecerá hasta este jueves a la espera de que las autoridades judiciales definan en qué penal será recluida, informaron fuentes de RPP Noticias.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el juez Richard Concepción Carhuancho informó que la pena que recibiría Keiko Fujimori de ser hallada culpable por el delito de lavado de activos, sería de entre 10 y 13 años de cárcel.

La defensa apelará

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, anunció que apelarán la decisión por considerar, entre otros argumentos, que "nunca tuvo un juez imparcial". "No ha citado ningún elemento de convicción que involucre directamente a Keiko Fujimori. Solo se le atribuye ser líder de Fuerza Popular", agregó.

Loza reiteró que no existe peligro alguno de fuga y calificó de "forzado e irracional" los argumentos sobre la obstrucción a la justicia.

Durante la audiencia 

El magistrado empezó su intervención explicando que existen nuevos estándares más exigentes para que se dicte una prisión preventiva, previstos por el Tribunal Constitucional a raíz del caso Humala-Heredia. En su opinión, la exigencia de una "motivación completa" convertiría a la audiencia de prisión preventiva en un "minijuicio". 

En su resolución, Concepción Carhuancho señaló que "sí existe sospecha grave sobre la participación de Keiko Fujimori en el delito de lavado de activos", así como de la existencia de una presunta organización criminal creada en la interna de Fuerza Popular con la finalidad de "captar aportes ilícitos para tomar el poder y realizar actos de corrupción".

Asimismo, el juez señaló que, según la versión del testigo protegido, y a los importantes documentos encontrados durante el allanamiento a la vivienda de Vicente Silva Checa, se pudo evidenciar la existencia de una organización criminal en la interna de este partido, cuya cúpula está integrada por Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa. Pese a esto, el juez destacó que con esto "no se está criminalizando al partido político".

"(…) Quienes toman las decisiones en el partido son Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa, quienes conforman una cúpula paralela (o estructura criminal) que comunicaba decisiones luego a la bancada política (…) Una cosa es el partido político y otra la organización criminal de facto que se ha enquistado dentro de él", señaló el juez.

El caso

La investigación contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos gira en torno a los supuestos aportes hechos por la constructora brasileña Odebrecht -involucrada en casos de corrupción de funcionarios y empresarios en el Perú y otros países de América Latina- a su campaña presidencial del 2011. La tesis de la Fiscalía es que ella lideró una organización criminal que se infiltró en la estructura de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y que tenía como fin obtener poder político. Para justificar el pedido de prisión preventiva, además, se argumenta peligro de fuga y de obstrucción de la justicia.

Keiko Fujimori y el resto de involucrados en el pedido de prisión preventiva rechazan las acusaciones. En respuesta a las declaraciones de testigos protegidos y colabores eficaces que la Fiscalía cita para señalar cómo se orquestó el supuesto lavado de activos, así como presuntas presiones e intentos de copar políticamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, la lideresa de Fuerza Popular ha dicho que estos testimonios son "inventados".

Posible condena de 13 a 16 años de cárcel

En una de las audiencias, el fiscal José Domingo Pérez explicó que la norma penal establece para el delito de lavado de activo en su forma agravada una condena no menor de 10 años ni mayor de 20. En el caso de Keiko Fujimori, de existir un proceso y una eventual condena, estimó que se le ubicaría en un tercio intermedio, que vendría en un margen de 13 años y cuatro meses a 16 años y 6 meses.

Durante el sustento del pedido de prisión preventiva, el representante del Ministerio Público recordó que a la lideresa de Fuerza Popular se le imputa el delito de lavado de activos como presunta integrante de una organización criminal.

"Fundamentamos que, atendiendo los principios de legalidad, de llevarse a cabo un probable juicio con una condena, el juez de juzgamiento tendría que someterse a estos parámetros y al ser valorado con circunstancias agravantes, la determinación de una pena concreta definitivamente superaría los cuatro años que exige la norma (para dictar la prisión preventiva)", dijo.