En entrevista con El Comercio, la presidenta del Poder Judicial dijo que el Congreso "ha tomado decisiones sin escuchar a quienes aplicamos las leyes". Respecto a la situación de Nicanor Boluarte, aseguró: "Nadie puede tener privilegios".
El pasado 2 de enero, Janet Tello, magistrada de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial para el periodo 2025-2026, luego de que su antecesor, Javier Arévalo, concluyera su gestión.
En su discurso de investidura, la magistrada indicó a los jueces que se hará "respetar la independencia del Poder Judicial en el plano objetivo y visible de la política". Esta afirmación, el último jueves, pareció empezar a materializarse con la instalación de una comisión de jueces, presidida por ella, que analizará las leyes en materia penal y procesal penal promovidas y aprobadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Asimismo, en una entrevista para el diario El Comercio publicada este domingo, Tello Gilardi anunció que el Poder Judicial evalúa sumarse a la demanda de inconstitucionalidad que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra dos leyes impulsadas por el Parlamento. En esa línea, la magistrada señaló que el Legislativo "no puede seguir dictando normas sin considerar el impacto".
"El Congreso ha tomado decisiones sin escuchar a quienes aplicamos las leyes todos los días. La Fiscalía ya presentó demanda de inconstitucionalidad y vamos a evaluar también la posibilidad de sumarnos a esa demanda", sostuvo.
"Pero quizá, dando este mensaje, podríamos escuchar que los congresistas retroceden y no sería un retroceso en el sentido de que alguien pierda o que gane, lo que tenemos que hacer es beneficiar a la sociedad", agregó.
"No tiene que haber impunidad, en ningún caso"
Cabe resaltar que las demandas presentadas por el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional están dirigidas a la Ley 32130, que otorga a la Policía la dirección de la investigación preliminar; y a la Ley 32107, que modificó la imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
Respecto a esta última, Janet Tello indicó que "no tiene que haber impunidad, en ningún caso".
"Tenemos un análisis que estamos terminando con exposiciones claras, en el sentido de tener ya una jurisprudencia que va en la línea de la no prescriptibilidad de los delitos de esa naturaleza y que va de la mano con los pronunciamientos de los órganos de justicia internacionales", aseguró.
Consultada acerca de si estas acciones podrían ser consideradas por el Congreso como una intromisión en sus fueros, la magistrada sostuvo que "la intromisión sería al revés".
"La Constitución establece claramente que ninguna autoridad puede abocarse a los procesos de conocimiento del Poder Judicial. Tenemos que ver los límites, todos tenemos competencias, atribucionaes y obligaciones que están establecidos en nuestro marco constitucional. Lo que señala la Constitución es que somos tres poderes del Estado en igualdad de condiciones", señaló.
Por otro lado, la presidenta del Poder Judicial se refirió a la actitud del Ejecutivo respecto a no promulgar la ley del Congreso que restableció la posibilidad de detención preliminar para casos de no flagrancia. En ese sentido, Tello dijo que en su institución están "con la expectativa de que se promulguen las leyes que vayan en la línea de la rectificación".
Además, respecto al caso de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado que se encuentra prófugo tras un fallo judicial en su contra, la magistrada aseveró que "es una persona que está siendo investigada y, en su momento, tendrá que responder". "Nadie puede tener privilegios, sentenció.
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