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En tanto, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que el cuestionamiento del Congreso de la República al Ministerio Público sobre la supuesta falta de competencia para investigar de la fiscal Delia Espinoza "no tiene ningún fundamento".
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"Acá hay un tema de presunto abocamiento indebido, si es que ellos acogen esta denuncia constitucional", señaló Martín Salas
El exfiscal supremo adjunto anticorrupción Martín Salas se refirió a las declaraciones del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien señaló que "no permitirá una intromisión de esta naturaleza" respecto de un posible allanamiento de despachos parlamentarios en el marco de la investigación contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por organización criminal. Al respecto, Salas mencionó que la posición del titular del Legislativo es de no acatar las órdenes judiciales, pese a que son de cumplimiento obligatorio.
"Lo que quiere decir el presidente del Parlamento es que no van a acatar orden judicial alguna. Si es que la Fiscalía toma a bien, dentro de su estrategia, pedir al Poder Judicial el allanamiento de las oficinas parlamentarias o el domicilio de algunos parlamentarios y la justicia, a través del Poder Judicial, así lo estima pertinente, va a salir una orden judicial que es de cumplimiento obligatorio. Nadie puede sustraerse ni sustraer de la persecución penal a ninguna persona, más allá del cargo que ejerza, sea aforado o no aforado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"El cuestionamiento principal de estos cinco congresistas investigados entorno de la investigación a Patricia Benavides corre respecto a la competencia de Delia Espinoza. Ellos dicen que no es competente porque le corresponde al fiscal de la Nación. El doctor Villena Campana (fiscal de la Nación) es testigo de la investigación y no puede ser, como testigo, también el encargado de investigar. Lo mismo sucede con Pablo Sánchez Velarde. Acá hay un tema de presunto abocamiento indebido, si es que ellos acogen esta denuncia constitucional, la hacen suya y empiezan las investigaciones constitucionales como Delia Espinoza. Si la justicia ya dijo que Delia Espinoza es competente para investigarlos, cualquier acto que se tome en el Parlamento para acoger esta denuncia constitucional constituiría el delito de abocamiento indebido", agregó.
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Posible obstrucción a la justicia
En tanto, el abogado penalista Julio Rodríguez dijo que si la denuncia constitucional presentada por los parlamentarios Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero e Illich López contra la fiscal suprema Delia Espinoza responde a la investigación que la magistrada tiene a su cargo, estaríamos ante un caso de obstrucción a la justicia.
"En el Congreso de la República, más allá de las cuestiones funcionales, tenemos personas que tienen un desconocimiento supino de cómo funciona el proceso penal. El fiscal de la Nación puede delegar excepcionalmente esta facultad. Evidentemente, si el fiscal de la Nación señala que sí tiene algún tipo de involucramiento tangencial, colateral en los hechos, porque va a ser convocado como testigo, no puede ser testigo/investigador. Eso no resulta de ninguna manera racional. Por tanto, la delegación a la doctora Espinoza, en su condición de fiscal suprema, corresponde dada la naturaleza de los hechos. Entonces, el cuestionamiento del Congreso de la República al Ministerio Público no tiene ningún fundamento", aseveró.
"Si el objetivo es 'me estás investigando y por eso te voy a inhabilitar', sería obstrucción a la justicia", finalizó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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