'Los Wachiturros de Tumán': el otro caso por el que se investiga a Edwin Oviedo

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, que se encuentra detenido preliminarmente desde el último miércoles por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', sufrió un nuevo revés judicial. Este viernes, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo resolvió imponerle 18 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones que le sigue la Fiscalía de esa ciudad por su presunto liderazgo en la banda criminal 'Los Wachiturros de Tumán'. 

El dirigente deportivo y empresario de 47 años es investigado desde 2015 por los presuntos delitos de asociación ilícita y homicidio calificado en calidad de autor mediato. Originalmente, el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, había pedido 24 meses de plazo para la prisión preventiva, pero el Poder Judicial aprobó la reducción a 18. Oviedo podrá impugnar la decisión, pero deberá acatarla mientras esta no se revoque en segunda instancia.

El pedido de la medida cautelar fue presentado el 20 de noviembre pasado, con el Expediente Judicial N° 9199-2018-8JICH. Estas son las tres claves:

1. Los intereses empresariales en Tumán

El grupo empresarial de Edwin Oviedo tenía desde 2001 un proceso civil con la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., ubicada en el distrito del mismo nombre, en Lambayeque. El motivo de la demanda era una deuda de casi dos millones de dólares que Oviedo le había comprado a la compañía azucarera. Para el 17 de abril de 2007, el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo dispuso que tres personas sean administradores judiciales de Tumán S.A.A., a fin de garantizar la devolución del monto a Oviedo. Este último pasó a ser titular de la compañía.

Según sostiene la Fiscalía, los administradores designados habrían actuado bajo órdenes del empresario para manipular los precios del azúcar, vender el 99% de la producción a empresas familiares o suyas (D’Líbano, Shema S.A.C. y Mega Supermayoristas S.A.C.) y revenderla en el mercado a cincuenta soles más. En consecuencia, el paquete de azúcar -que originalmente costaba 75 soles- pasaba a comercializarse a 130. Según el documento fiscal, la variación de precios se comprueba con facturas de venta de Tumán a D’Líbano.

De esta manera, la cúpula -sobre todo, Oviedo- se habría asegurado ganancias millonarias con el monopolio. De acuerdo con la tesis fiscal, la administración habría pretendido eventualmente apropiarse de toda la empresa azucarera.

2. Los asesinatos 

La conformación de la empresa habría tenido, entonces, a Edwin Oviedo Picchotito al mando, a Segundo Ordinola Zapata como uno de los administradores judiciales, a Pablo Arce Benites como gerente de Finanzas, a Cecilia Limo Rojas como gerente de Recursos Humanos y a Víctor Rodríguez Ortiz como jefe de Seguridad. Pero la Fiscalía considera que estos no fueron simples puestos ejecutivos.

En la Carpeta Fiscal Nº 39-2016, sobre la que se basa el pedido de prisión preventiva contra Oviedo, se sostiene que la administración pagaba a 15 sicarios para ejecutar crímenes contra los trabajadres opositores a la nueva administración y que, además, tenía disponible a un grupo de nueve personas que proveían de armas y logística. Otros tres implicados serían efectivos de la Policía Nacional. Carrasco señala que, desde la primera solicitud de prisión preventiva de mayo, el número de imputados no se ha reducido. "Al contrario; hemos incluido a ocho personas más relacionadas con el grupo de logística [de la organización]".

Así, cuando los trabajadores de Tumán S.A.A. se levantaron en contra de la administración, empezaron a llegar las balas. El 11 de octubre de 2012, el dirigente sindical Manuel Rimarachín Cascos recibió tres disparos por un sujeto que iba en una moto lineal en compañía de un cómplice.

Eran cerca de las 5:30 a.m. y Rimarachín esperaba el vehículo que lo llevaría al campo de cortadores de caña de azúcar. Falleció horas después, pero, según la carpeta fiscal,  habría dicho a su esposa los nombres de sus atacantes: César Valencia Delgado y Jovany Montenegro Sales, quienes trabajaban para la empresa Tumán como personal de seguridad bajo la jefatura de Rodríguez Ortiz.

El 13 de mayo de 2015, ocurrió el asesinato de Percy Waldemar Farro Witte. De acuerdo con el informe fiscal, Farro circulaba por las calles del distrito en el asiento de una mototaxi. Con un megáfono en mano, convocaba a la población al paro de trabajadores de Tumán S.A.A. que se desarrollaría al día siguiente. Minutos después, cerca de las 7:00 p.m., el sindicalista bajó del vehículo conducido por Aníbal Cruz Benites y alguien en moto lineal se detuvo para dispararle. La muerte de Farro ha sido atribuida por la Fiscalía a Feljud Castro Banda y a Roberto Campos Effio, otros miembros de seguridad de la empresa.

Más crímenes atribuidos a ‘Los Wachiturros de Tumán’ son el robo agravado contra Marleni Toro Lazo el 2011, la tentativa de homicidio calificado contra Gilberto Olivos Peña el 2012, el homicidio calificado contra Segundo Felipe Camacho Argandonia el 2012, el robo agravado con subsecuente muerte contra Rafael Mechán Ballena el 2014, entre otros.

3. La acusación

De acuerdo con la tesis de Carrasco Millones, Edwin Oviedo tenía pleno conocimiento y participación mediata en los delitos cometidos por 'Los Wachiturros de Tumán'. Y, si bien los cargos que maneja la Fiscalía en contra del empresario cusqueño se ciñen al periodo 2007-2015, el expediente señala también el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ como indicio de que Oviedo se mantiene activo en gestiones ilícitas.

Para plantear la acusación contra el dirigente deportivo y los demás investigados, el fiscal tomó los testimonios de dirigentes sindicales de la empresa azucarera, además de declaraciones de colaboradores eficaces, elementos de prueba de documentos incautados, denuncias anteriores contra los imputados, reportes de Registros Públicos (Sunarp), informes de llamadas telefónicas e información derivada del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los implicados. Uno de los indicios está relacionado con un depósito indirecto de 70 mil dólares al club deportivo Juan Aurich, del que Oviedo es principal accionista.

En mayo de este año, Carrasco había pedido 12 meses de prisión preventiva contra Oviedo, pero esta solicitud fue anulada y dio paso a la de noviembre, con la que el plazo aumentó a 24 meses. Carrasco explicó a RPP Noticias que la variación se debe al peligro de obstaculización y a la prórroga que le fue concedida el mes pasado para la investigación preparatoria. “Se aumentó el plazo [por 12 meses más] para la etapa de control de acusación y juicio oral, pues la prisión preventiva no solo abarca la investigación preparatoria, sino también el proceso oral”, afirmó.

Este último lunes, el presidente de la FPF se presentó en el programa Habla Capital para expresar sus descargos sobre las imputaciones. Oviedo aseguró que el fiscal Carrasco no ha presentado pruebas fehacientes en su contra. “Este fiscal viene investigando desde el año 2015 y hasta ahora no tiene una sola prueba contra mi persona, tanto así que habla solamente de dichos. Si él tuviera pruebas, como manifiesta, no debería estar pidiendo tres años más de plazo para seguir investigando, (sino denunciar para que se inicie el proceso)”, señaló en la entrevista para Radio Capital.