La procuradora Ad Hoc para el Caso Lava Jato, Silvana Carrión, explicó que los abogados que presentaron la denuncia contra los fiscales son los mismos que tienen a investigados como patrocinados.
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"Lo que ha hecho el TC es darle la posibilidad a esos terceros, que aún ni siquiera están bajo investigación, que conozcan que van a ser investigados", dijo Carrión
Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc para el Caso Lava Jato, señaló que la denuncia en la que está incluida junto con la fiscal suprema Zoraida Ávalos, los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez tiene "un interés específico". Ello, debido a que fue presentada por José Luis Francia, uno de los abogados de Gonzalo Monteverde Bussalleu, investigado por el presunto delito de lavado de activos.
"Estas dos personas que presentaron la denuncia son abogados del investigado Gonzalo Monteverde Bussalleu y de su esposa, María Isabel Carmona, que son investigados por el caso Lava Jato. Son abogados con un interés específico, abogados de investigados que lo que están haciendo es denunciar a las autoridades que tienen a cargo los casos contra sus patrocinados", dijo en Ampliación de Noticias.
"Él está investigado por el delito de lavado de activos. La tesis de la Fiscalía es que habría prestado sus empresas para generar liquidez de dinero para el pago de sobornos en nombre de Odebrecht. Los señores están con mandato de prisión preventiva, están prófugos de la justicia. El señor Monteverde está en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Se está pidiendo 500 mil soles para que pueda ser ubicado", agregó.
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Decisión del TC para que acuerdo de colaboración eficaz sea de acceso público "tiene un efecto negativo"
En otro momento, Carrión criticó la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar que el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía sea de acceso público, ya que podría darle a posibilidad de conocer las acciones a futuro del Ministerio Público a quienes no están todavía incursos dentro de la investigación.
"Creo que tiene un efecto negativo. El Tribunal Constitucional, al momento de resolver este pedido sobre el acuerdo con Odebrecht, ha resuelto o ha fijado criterios de manera general para la sentencia de colaboración. Hubiera sido interesante que solamente lo acote al caso Odebrecht, y que se haga la entrega al caso Odebrecht, pero no, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado más allá y lo que ha indicado es que una vez que se aprueba un acuerdo de colaboración y se emite una sentencia, esta recobra la calidad de pública, lo cual no es correcto en el proceso de colaboración eficaz", aseveró.
"El proceso de colaboración eficaz está contemplado como un proceso especial y le rigen los principios de reserva y confidencialidad. Y apenas se aprueba una sentencia es cuando la Fiscalía va a trasladar la prueba a las investigaciones penales abiertas. Incluso estas sentencias tienen información que la Fiscalía está procesando para comenzar denuncias", añadió.
"Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es darle la posibilidad a esos terceros, que aún ni siquiera están bajo investigación, que conozcan que van a ser investigados. Y eso representa que pueda obstaculizar la investigación, que pueda huir de la justicia, que pueda esconder la prueba. Es una cuestión bastante delicada", culminó.
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