Caso Gasoducto Sur: Procuraduría solicita que investigados paguen 1 300 millones de dólares por reparación civil

Ollanta Humala y Nadine Heredia, así como otros 30 investigados en el caso Gadoducto del Sur, deberán pagar en conjunto una reparación civil de 1 300 millones de dólares en caso sean condenados por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos.

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato sobre esta millonaria reparación civil por los daños ocasionados al Estado.

Según la tesis del Ministerio Público, en este caso diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al "servicio de un pacto criminal" que estuvo liderado por el entonces presidente Humala y su esposa, con el fin de favorecer los intereses de la empresa Odebrecht, compañía que buscaba ganar la licitación  del proyecto junto a su consorciada Enagás.

Nadine Heredia y Ollanta Humala afrontan también el juicio oral del caso que los implica con los presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial del Partido Nacionalista en el 2006 y 2011.

El Poder Judicial reprogramó para el 24 hasta el 28 de abril la declaración de ocho testigos brasileños contra la expareja presidencial, la cual se iniciará con el testimonio de Marcelo Odebrecht, expresidente ejecutivo de la constructora brasileña.

Rechazan recurso de casación

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, determinó en diciembre pasado que los aportes del gobierno venezolano de Hugo Chávez, y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a las campañas de 2006 y 2011 del expresidente Ollanta Humala sí constituyen el delito de lavado de activos. Por tanto, será en juicio donde se determinará si se ha cometido o no el ilícito.

El juez Manuel Luján Túpez dio lectura a la resolución que responde al recurso de casación interpuesto por Humala Tasso para revocar una decisión de segunda instancia que confirmó el rechazo del recurso presentado sobre la figura de lavado de activos.

En contraposición, el fiscal supremo César Zanabria y el Procurador para casos de Lavado de Activos, Miguel Sánchez Mercado, precisaron que el recurso presentado por la defensa de Humala debía ser rechazado, debido a que consideraron que sí es posible cometer el delito de lavado de activos en todas las etapas del proceso; por tanto, el dinero encontrado en las cuentas del partido político sí configuraría el ilícito.