Las claves de la fuga de ‘Goro’: Así fue la cadena de acciones que resultaron en la liberación del sicario

La fuga de Rubén Moreno Olivo (a) ‘Goro’ es el resultado de una serie de negligencias administrativas y hasta de presuntos delitos. La fuga de este sicario implicado en la muerte de Ezequiel Nolasco y de Hilda Saldarriaga ha develado las falencias del sistema penitenciario, por lo que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, está evaluando declararlo en “emergencia temporal” para su restructuración integral.

Los procesos de ‘Goro’

Rubén Moreno Olivo es un sicario de la red criminal del ex presidente regional de Áncash César Álvarez. Tiene tres procesos. El primero es el expediente 6487-2011 el cual consigna la condena a 25 años de prisión por homicidio en grado de tentativa contra Ezequiel Nolasco, ocurrido en 2010 y en el que murió el hijastro del político, Roberto Torres Blas.

El segundo expediente es el 347-2015 y corresponde al asesinato en el 2013 de Hilda Saldarriaga, testigo clave del primer caso. El tercer expediente es el 120-2014 donde se le procesa por el homicidio calificado de Ezequiel Nolasco, ocurrido en 2014.

Si bien en el primer caso existe una condena firme por parte de la Corte Suprema dictada en agosto del 2017, los otros dos procesos todavía están pendientes de ser resueltos y corren de forma paralela.

Por el caso del asesinato de Ezequiel Nolasco, ‘Goro’ ingresó el 2 de junio del 2014 al penal de Ancón I para cumplir con una orden de prisión por 18 meses, que luego fue ampliada por 18 meses más y por 12 meses más. En total 48 meses de prisión preventiva. Luego se le dictó comparecencia restringida.

En paralelo, en agosto del 2016 y por el caso del asesinato de Hilda Saldarriaga, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva que luego fue ampliada por 12 meses más hasta febrero del 2019. El 5 de febrero de 2019, el magistrado dispuso variar el mandato de prisión preventiva por arresto domiciliario. En la resolución, se señala que se debía ejecutar “siempre y cuando no tenga proceso pendiente con mandato de detención o sentencia a pena privativa de libertad efectiva pendiente de cumplimiento”.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, señaló que “no hay un sistema integrado en el Poder Judicial que pueda identificar si tiene o no mandato de detención o si tiene condena efectiva dispuesta por otro juzgado. Deja que sea la autoridad penitenciaria que pueda verificarlo o revisarlo”.

La fuga

Una vez dictado el arresto domiciliario, la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional verificó si el domicilio consignado por ‘Goro’ reunía las condiciones de seguridad en mayo. La Policía Nacional dio el visto bueno al departamento 416 del Jr. Azángaro 1045, ubicado a solo una cuadra del Palacio de Justicia.

Rubén Moreno Olivo dejó el penal de Ancón I el 13 de junio de 2019 y fue puesto a disposición de la Dirección de Seguridad de Penales de la PNP que se encargó de la custodia del inmueble. El 20 de junio, el Departamento de Arrestos Domiciliarios informó que ‘Goro’ se había fugado del inmueble.

Los errores del INPE

¿Qué ocurrió con la sentencia condenatoria confirmada por la Corte Suprema en el 2017? ¿Por qué el INPE no la verificó en su sistema?

Según el ministro Zeballos, si bien la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema el 1 de agosto de 2017, recién el 4 de enero de este año, la Corte Superior del Santa remitió la sentencia al INPE en Lima. Sin embargo, el documento “estaba sin firmas, sin post firmas, sin huella digital del secretario judicial”. Por lo que el encargado de mesa de partes devolvió el oficio a sede judicial. El 31 de enero, nuevamente se intentó registrar la sentencia condenatoria, pero otra vez fue observada por el INPE al no adjuntar el fallo resolutivo.

De acuerdo con el ministro de Justicia, el oficio fue luego presentado ante las autoridades de la Dirección Regional de Registros Penitenciarios del Santa. Aquí es donde las cosas se ponen muy sospechosas.

El ministro Zeballos indicó que, por norma interna, la dirección regional no estaba obligada a registrar la sentencia porque Moreno Olivo no estaba recluido en el Santa (Áncash), sino en Lima. “No obstante, las autoridades regionales lo registraron, pero ni siquiera en el sistema integrado, sino en el kardex, que es una metodología antigua y que desde el año 2010 no se autoriza. Se evidencia grados extremos de complicidad”, dijo el ministro.

Deslinda responsabilidad

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, descartó que los jueces sean responsables de la fuga de ‘Goro’. Según el magistrado, el 18 de diciembre de 2018, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa comunicó al INPE la sentencia firme de la Corte Suprema y le adjuntó copia para el respectivo registro.

Además, sostuvo que las instancias correspondientes del Poder Judicial han verificado el cargo del courier y la recepción del INPE sobre la comunicación remitida de manera oportuna.

“No solo eso, el INPE registró en su libro de ingresos y egresos del penal, que ese señor (Moreno Olivo) estaba sentenciado a 25 años de cárcel, de modo que la libertad que dio fue absolutamente irregular”, enfatizó.

Las consecuencias de la fuga

Fiorella Nolasco, hija del fallecido concejal de Áncash, denunció el 26 de junio en RPP Noticias la liberación de Moreno Olivo. El ministro de Justicia, quien declaró que se enteró de lo ocurrido ese día por los medios, decidió cesar a los integrantes del Consejo Nacional Penitenciario, además de remover a personal de la Dirección de Registro Penitenciario del Santa, abrir procesos administrativos disciplinarios e interponer denuncia penal ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) del Santa informó que indagarán sobre el seguimiento que tuvo el expediente una vez que fue devuelto a la Corte del Santa por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2017.

Moreno ‘Goro’ Olivo fue incluido en la lista de los más buscados de la Policía Nacional. La recompensa que ofrece el ministerio por información sobre su paradero es de S/ 100 mil. El ministro de Justicia y del Interior, Carlos Morán, se han reunido con Fiorella Nolasco y se comprometieron a reforzar su seguridad y la de su familia.