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El presidente del Consejo de Ministros calificó de "escenario peligroso" las solicitudes de acceso a la información provenientes de los medios de comunicación y la ciudadanía. Ante ello, instituciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la información pública se pronunciaron al respecto.
Tras la última reunión del Consejo de Ministros, el Premier Alberto Otárola brindó declaraciones a los medios de comunicación con detalles de los acuerdos alcanzados y se refirió a un caso por el que viene siendo investigado preliminarmente por el Ministerio Público.
Como se sabe, el jefe de gabinete es investigado por la supuesta contratación de la ciudadana Rosa Rivera Bermeo en la institución pública Devida. Según información periodística de Panorama, el premier habría favorecido a esta trabajadora con órdenes de servicio luego de sostener reuniones en la Presidencia del Consejo de Ministros.
“En estos diez meses o más de gobierno, no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte y más bien hemos entrado a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener. Permanentemente por el acceso a las vías de información por transparencia se nos ha pedido la relación de correos electrónicos, de nuestros WhatsApps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible; y reiteramos que van a tener acceso a toda esa información…”, expresó Otárola.
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Reacciones
Tras calificar de “escenario peligroso” los diferentes pedidos de información pública que realiza la ciudadanía, la Asociación Civil Transparencia se pronunció mostrando su preocupación por la afirmación del primer ministro. “La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una herramienta clave para un gobierno abierto y democrático, así como para la lucha contra la corrupción. Las autoridades tienen el deber de respetarla y además promover su uso por la ciudadanía”, expresó la asociación civil en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Por su parte, Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, expresó a El Poder en tus Manos de RPP: “El Premier tiene un doble discurso porque, por un lado, reconoce la importancia de la Ley de Transparencia, por la cual periodistas y ciudadanos podemos pedir información para, con todo nuestro derecho, vigilar y fiscalizar la labor de los políticos de turno; pero a la misma vez su frase reúne dos desafíos en torno al espíritu de la ley: el mencionar que es un peligroso escenario el solicitar información, algo que no va acorde con el talante democrático. Y el usar el ejemplo de la marca de lápices como una forma de ningunear o bajarle el peso al tipo de información que se solicita. Y los ciudadanos merecemos respeto”, indicó.
Henzler agrega que “el estado actual de la democracia peruana y el nivel de la corrupción sistémica que hay en el país, demanda de políticos que no disminuyan la importancia del pedido de acceso a la información pública, por el contrario, se requiere tener humildad y apertura para generar la transparencia de todos los actos del Gobierno”.
Un hito democrático
La historia democrática del Perú tiene hitos alcanzados por las ciudadanas y ciudadanos producto del consenso y diálogo. Justamente, la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lograda en 2001 fue uno de esos hitos, recuerda Eduardo Vega, exdefensor del Pueblo. “Si el ciudadano, si la ciudadana, no tuvieran este derecho de acceso a la información pública, muchas veces no hubiésemos descubierto muchos de los casos de corrupción que hemos visto. Este derecho es muy importante porque vincula al ciudadano participando activamente en los asuntos públicos a través de la vigilancia y control”, expresó a RPP.
Otra de las instituciones que se manifestó en torno a este tema ha sido el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), que mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales expresaron: “IPYS le recuerda al primer ministro que la Ley de Transparencia y Acceso a Información permite ejercer el derecho ciudadano a conocer cómo se maneja el Estado y en qué se gasta”.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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