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Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, dice que el pase al retiro de su patrocinado forma parte de "un plan estructurado" de "abuso, arbitrariedad y venganza" por parte del Ejecutivo.
Gobierno
Miguel Pérez Arroyo, abogado de Colchado, indicó que esperaban "una pizca de racionalidad del Gobierno" respecto al pase al retiro de su patrocinado.
Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel PNP Harvey Colchado, en diálogo con RPP, se pronunció por el pase al retiro de su patrocinado ejecutado este lunes, a través de una resolución ministerial suscrita por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Dicha resolución señala que el pase a la situación de retiro de Colchado Huamaní, exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), se da por motivo de "renovación de cuadros por proceso regular", ya que no existe "la posibilidad de asignársele cargo específico en razón de su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional, en el cuadro de organización y cuadro de personal de la Policía Nacional del Perú".
Al respecto, el abogado indicó que con esta decisión "se concreta un abuso" contra su patrocinado desde el Ejecutivo, en la figura de una "venganza" por el operativo de allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, ocurrido en marzo pasado, liderado por el coronel Colchado.
"Ha habido todo un abuso, una orquestación indebida de un abuso programado, estructurado, que lo único que hace esta resolución (…) es la concreción de todo un plan estructurado para el abuso, para la arbitrariedad y además también para la represalia y la venganza contra dos efectivos policiales, como son [Walter] Lozano y [Harvey] Colchado, [lo que] constituye un desperdicio en patrimonio del presupuesto público en la formación, probablemente, de los policías mejor preparados que existían en actividad. Este Gobierno está acostumbrado a hacer eso, a deshacerse de lo mejor, quedarse con lo peor y malgastar el dinero público”, sostuvo Pérez.
“Desde luego, [que es] una venganza, una represalia, y la concreción de un plan estructurado que creo que la Fiscalía ya tiene el material suficiente para concretar la imputación que, a futuro, va a dar de sí este caso”, agregó.
Motivo de su pase al retiro "es absolutamente falso"
Asimismo, Pérez Arroyo consideró que el motivo del pase al retiro de su patrocinado, el cual se indica en la referida resolución, "es absolutamente falso".
"Es absolutamente inverosímil, absolutamente falso […] La afirmación de ese contenido argumentativo, esa afirmación es falsa […] Hay un tema de idoneidad que ellos estaban trabajando de antes con la reforma que se dio a partir de diciembre del 2023 y julio del 2024 con la [Ley] 1149, que es la Ley de Carrera Policial. ¿Qué es lo que pasa? Hay un informe de idoneidad, en ese informe ellos plasman subjetividades con relación a esta idoneidad para la asignación de cargos. Por otro lado, el tema de la antigüedad, el coronel Colchado, efectivamente, es un Policía con 8 años de antigüedad, no hay duda, pero esa antigüedad es en función a los ascensos por mérito que ha tenido, dos en concreto: la operación Chavín de Huántar y la captura de Artemio", precisó.
"Esto es un desincentivo para los policías que quieren hacer las cosas bien, porque dicen ‘si me van a ascender por acción distinguida y luego voy a tener antigüedad en el cargo, y eso va a ser un argumento para mi pase al retiro, mejor no hago las cosas bien, mejor no hago acciones distinguidas, porque si me ascienden voy a tener luego mucho tiempo en el grado’. Eso es un desincentivo perverso que este Gobierno, con esta resolución, pretende materializar", añadió.
El abogado explicó que "la antigüedad en el cargo, para efectos del ascenso a general, es 61 años, no 50 como tiene el coronel Colchado".
"Por eso es que esta [resolución] recoge una motivación absolutamente falsa desde la perspectiva del derecho que va a tener una sanción legal en su momento, y esa sanción legal de todas formas va a tener que ser la nulidad de esa resolución", aseveró.
No obstante, la defensa legal del exjefe de la Diviac explicó que si las resoluciones judiciales estiman "la pretensión anulatoria de estas resoluciones abusivas, no va a salir tan pronto".
"De aquí al 1 de enero del 2025, en el mejor de los casos, podría admitirse la demanda, pero las resoluciones judiciales sabemos que tardan un tiempo y el perjuicio que se está causando al Estado, a la Policía y a la ciudadanía va a darse de todas formas, aún cuando luego puedan resolverse de manera positiva", manifestó.
Pérez Arroyo enfatizó que su patrocinado y él no se quedarán de "brazos cruzados" y enumeró las acciones legales que se vienen desarrollando para la defensa de Colchado.
"Hay una demanda que, en su momento, presentó mi colega de la defensa constitucional, el Dr. Luciano López, que me parece que le han dado vista recién o fecha de informe para el mes de enero del próximo año […] Luego hay una solicitud de protección cautelar en la CIDH, a nivel del sistema interamericano, que nos dijeron que también iba a salir pronto, pero lo pronto para ellos significa siempre un poco de retraso, pero de todas formas, aún cuando las decisiones estas se concreten en lo que ya sabemos, las decisiones que puedan revertir esto van a tomar un tiempo y van a causar cierto perjuicio de todas formas, no irreparable, pero es lo que estamos viendo ahora con esta resolución, [que] no nos ha sorprendido porque esto ya se veía venir", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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