Protestas sociales: el 73% de los peruanos coincide en que es la única forma de diálogo con el Estado

El 7 de noviembre de este año los habitantes del sector Cupiche en Huarochirí, a una hora de Lima, bloquearon la Carretera Central para reclamar al Estado la urgente descolmatación del río Rímac, la elaboración de defensas ribereñas y el encauce de las quebradas aledañas. Al finalizar el día, se despejó la carretera luego de un acuerdo firmado por los dirigentes del sector de Cupiche, la Fiscalía Penal de Huarochirí, la Subprefectura Provincial, la Subprefectura Distrital y el Consejo Regional.

“Estamos a una hora de Lima y ni siquiera se ha iniciado este trabajo a pocos meses de las próximas lluvias”, lamenta José Rosas, consejero regional de la provincia de Huarochirí.

No es el único caso de protesta relacionado a la lenta reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero de inicios de año. En septiembre se realizó un bloqueo en la Panamericana Norte, a la altura de Huarmey (Áncash). La Defensoría registró enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes que dejaron 9 heridos: 6 civiles y 3 policías.

¿Por qué se generan las protestas?

El último informe de la Defensoría del Pueblo presentado en octubre, El valor del diálogo, revela que 7 de cada 10 entrevistados*, coincidieron en la idea de que las manifestaciones son la única forma de ser escuchados por las autoridades: el 33% estaba “muy de acuerdo” y el 40% “algo de acuerdo” con esta afirmación.

“Las protestas son las que marcan los mecanismos de diálogo”, explica Giselle Huamaní, consultora en prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo. “En el caso de la reconstrucción hemos aconsejado enfatizar sobre el enfoque de derechos y sobre la prevención. Es necesario leer el escenario social, conocer los posibles conflictos anteriores para empezar el trabajo”.

El estudio demuestra también que entre 2009 y 2015, el 66.6% de los procesos de diálogo inició después de un hecho de violencia. En el 46.5% de los casos las conversaciones empezaron recién cuando las tensiones alcanzaron su etapa más crítica o cuando disminuyó la intensidad del conflicto y se generó una posibilidad para el diálogo, fenómeno conocido como desescalamiento.

De acuerdo a la Defensoría, en el 75% de los conflictos con acuerdos alcanzados no hubo ningún responsable encargado de darles seguimiento. Esto explicaría por qué entre 2004 y 2015 el Estado peruano arrastró 114 conflictos sociales. Estos conflictos seguían latentes en 2016, cuando se publicó una investigación de RPPData basada en reportes de la misma Defensoría.

“Las personas sienten que la única manera de reclamar sus demandas o sus derechos es a través de las protestas sociales”, asegura Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú. Vemos que en muchos casos hay ausencia del Estado, y eso se da en conflictos sociales en los que hay comunidades indígenas o comunidades campesinas y especialmente en el marco de proyectos extractivos”.

Conflictos socioambientales

El 22 de septiembre, en la 33 edición de la convención minera PERUMIN, el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez declaró que “sin inversión minera no hay crecimiento económico. Sin crecimiento económico los derechos humanos no serán reales para todos”.

Esta afirmación generó polémica en organizaciones socioambientales y de derechos humanos, ya que 50 personas fallecieron en conflictos durante el gobierno de Ollanta Humala, según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Los derechos fundamentales tienen un costo. La salud, la educación, la alimentación tienen un costo. La idea es que haya mayor cobertura y mayor calidad de estos derechos fundamentales. Los derechos humanos son el mejor capital que tiene una empresa. Yo me refería a este tipo de actividad minera. No a cualquier actividad minera”, explicó Gutiérrez a RPPData.

La actividad minera a la cual se refiere el Defensor es una de las principales actividades que genera conflictos sociales en nuestro país: en 2016, el 62.2% de ellos estuvo relacionado con la minería, según estima su institución.

En 2012, cinco personas murieron en Celendín, Cajamarca, durante una manifestación en contra del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha. Entre 2015 y 2016, cuatro personas fallecieron en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas, propiedad del consorcio chino integrado por las compañías MMG Limited, Guoxin International Investment y CITIC Metal Co. Ltd.

En el 56.3% de los conflictos en los que se inició el diálogo después de un hecho de violencia, el Estado propuso como medida adicional enviar a la Policía Nacional. En el 39.7% de los casos, no hubo ningún tipo de respuesta.

En varias ocasiones, a través de informes, las organizaciones de derechos humanos han solicitado al Estado revisar el uso de la fuerza por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante manifestaciones.

Las recomendaciones de las Naciones Unidas

En enero de 2014 el gobierno de Ollanta Humala aprobó la Ley Nº 30151, que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, mediante el cual tanto el personal de las Fuerzas Armadas como el de la Policía Nacional del Perú quedan exentos de responsabilidad penal en caso de provocar lesiones o muerte durante el cumplimiento del deber, en el uso de sus armas o en casos de defensa personal.

Para la CNDDHH, esto no debería impedir un proceso judicial.

“Esta ley no impide que un juez o un fiscal que conoce a fondo su trabajo pueda llevar a los policías o militares frente a la justicia”, asegura Pérez. “Es más bien un mensaje político. Todavía hay mucho trabajo que hacer dentro de la policía para que tenga el entrenamiento adecuado. En el último año, en Lima, cuatro personas perdieron un ojo por el uso de perdigones en las marchas”.

Entretanto, la semana pasada Perú presentó los avances y proyecciones realizados en materia de derechos humanos durante su Examen Periódico Universal, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su sede de Ginebra.

El Estado recibió 182 recomendaciones, entre las referidas a conflictos sociales y aquellas relacionadas con la protección de los defensores de derechos humanos. Estas son algunas de ellas:  

• Implementar medidas para mitigar los impactos ambientales de la extracción de petróleo y gas en los territorios de los pueblos indígenas y en sus comunidades.

• Asegurar que el uso de la fuerza y de las ​​armas de fuego por las fuerzas de seguridad sean regulados de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, y que todos los casos de muertes y uso excesivo de la fuerza durante las protestas civiles sean debidamente investigados. Revocar la disposición legal que permite al personal policial brindar servicios extraordinarios de protección y vigilancia al sector privado.

• Adoptar medidas legislativas efectivas para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos.

• Asegurar un uso proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

• Garantizar que el uso de la fuerza y ​​las armas de fuego esté regulado por la ley de conformidad con estándares internacionales.

Sin embargo, Perú no dará una respuesta a estas recomendaciones antes del 37° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2018. En esa sesión deberá explicar qué recomendaciones adoptará y cuáles dejará de lado. Y aún cuando las mesas de trabajo siguen activas, se espera que el Estado presente su plan de Derechos Humanos al 2021 a fines de este mes.

Mientras tanto, a una hora de Lima, la población de Cupiche espera que se  transfieran los fondos al Gobierno Regional de la Provincia de Lima, para que este pueda empezar las obras en el río Rímac.

Todo esto en medio de un cambio de mando desde el 2 de noviembre, cuando Edgar Quispe fue nombrado como nuevo director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Quispe tendrá que lidiar con un proceso empañado por diversos escándalos y denuncias, incluidas algunas por corrupción, y con la urgencia de iniciar las obras en los ríos y poblaciones aledañas en temporada de lluvias.

Foto de portada: Conflicto Las Bambas - Agencia EFE