La Defensoría del Pueblo y la precarización de la democracia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Esta tarde debe ser elegido por el Congreso el nuevo Defensor del Pueblo. Se trata de una institución que en nuestro país data de los años noventa y que fue inspirada por una tradición sueca: la de contar con un funcionario encargado de verificar que el Estado cumpla su compromiso de respetar los derechos fundamentales y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Desde Jorge Santisteban hasta la actual encargada Eliana Rebollar, la Defensoría del Pueblo ha sabido arraigarse en el complejo mosaico que es nuestro territorio. Por eso goza de una considerable credibilidad entre los ciudadanos. Nuestra democracia se ha enriquecido al contar con una entidad que siendo estatal, toma siempre el partido de los ciudadanos y no el del gobierno de turno. Precisamente porque su autoridad es moral, los ciudadanos saben que pueden contar con una entidad que los defiende de los abusos del Estado. O de su indiferencia. Así ha sido desde las víctimas de un sistema judicial sometido al poder hasta las intervenciones de Beatriz Merino, Walter Gutiérrez y Eliana Rebollar. Y nuestra democracia se enriqueció al tener que aceptar que los cuestionamientos al Estado fueran formulados al interior del propio Estado. Por eso es importante la elección que tendrá lugar esta tarde. Y por eso resulta lamentable el camino lleno de emboscadas y de tropiezos que se ha recorrido hasta llegar a la opción entre dos candidatos propuestos por Perú Libre, Josué Gutiérrez y por Acción Popular y el Bloque Magisterial, Jorge Luis Rioja. Nada resulta más peligroso para la independencia de un funcionario, que deber favores y compartir secretos con un partido. Tal es el caso de Josué Gutiérrez, quien se ha desempeñado como abogado de Vladimir Cerrón y asesor de la bancada del partido totalitario fundado por el exgobernador de Junín. Lo que no significa que la candidatura de Rioja sea mejor. A ese impasse nos ha llevado el sectarismo de algunos congresistas y el cálculo sobre intereses particulares de otros.

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