Columna | La corrupción solo puede ser enfrentada si todas las fuerzas democráticas se ponen de acuerdo

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El señor Benicio Ríos enfrentaba un grave juicio por malversación de fondos públicos cuando decidió postular al Congreso para representar a la población del Cusco. La justicia le reprochaba haber pagado un precio sobrevaluado para que la municipalidad de Urubamba adquiera un vertedero. Como se podía esperar, fue condenado en primera instancia y su condena a siete años de cárcel fue ratificada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Cusco. 

El hoy legislador no contaba con inmunidad parlamentaria cuando fue juzgado puesto que los delitos que se le imputaban fueron cometidos antes de su elección. Ya condenado, optó por pasar a ser prófugo de la justicia, pero siguió cobrando su remuneración durante cuatro meses, sin siquiera aparecer en su centro de trabajo. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que se interrumpiría su pago y entonces Ríos se presentó en el Parlamento donde ayer se dijo víctima de una “sentencia abusiva y arbitraria”.

Ríos aseguró que lo que hizo fue esforzarse por mantener limpio el sitio arqueológico de Macchu Pichu y dijo confiar en que la Justicia le conceda un recurso de casación presentado ante la Corte Suprema. El parlamentario no se ha entregado a la Justicia, se ha presentado en el Congreso, cuya Junta de Portavoces ha solicitado al Poder Judicial que le notifique la condena para proceder al levantamiento de una inmunidad que nunca debió beneficiarlo.

Nuevos problemas en el Poder Judicial

Mientras tanto el Presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, presidió sendas sesiones de los órganos máximos del Poder Judicial. La decisión tomada impone la declaratoria de emergencia del Consejo Ejecutivo y la eventual remoción de magistrados que, de acuerdo a audios de la Fiscalía, coordinaban estrategias para nombrar y promover jueces indulgentes con el narcotráfico. Prado reemplazó hace cuatro semanas al renunciante Duberlí Rodríguez y  encontró un sistema judicial en el que, según dijo, 14 de las 35 Cortes Superiores se hallan penetradas, si no controladas, por redes de corrupción organizada.

También este lunes, el juez penal Juan Emilio González Chávez fue detenido en flagrancia por la policía anticorrupción después de recibir en su despacho de la avenida Abancay la primera parte de una coima de 30 mil soles entregada por estafadores que litigaban ante su jurisdicción.

"Ha sido una intervención planificada, con reactivos en los billetes para poder determinar si hubo contacto con el dinero. Eso se ha constatado”, informó el fiscal del caso. En años pasados, el juez González Chávez había superado sin dificultad procesos de investigación por la clemencia mostrada en casos que afectaban a figuras del mundo político.

La lucha contra la corrupción y el narcotráfico

La policía detuvo a los miembros de una red de narcotraficantes especializada en “preñar” containers con cocaína en depósitos de mercadería  lista para ser exportada desde el Callao. Videos difundidos por la policía muestran a grandes camiones entrando el día domingo a zonas reservadas del puerto y operando para estacionarse en emplazamientos inalcanzables por las cámaras de seguridad.

A la vista de todo lo sucedido este lunes, ¿puede alguien seguir creyendo que el narcotráfico y la corrupción no representan una grave amenaza a nuestro Estado de Derecho y que solo puede ser enfrentada si todas las fuerzas democráticas se ponen de acuerdo sobre objetivos comunes y plazos razonables? Es decir, sobre reformas. Si no las hacemos, nuestro país seguirá retrocediendo en la eficiencia de sus instituciones, indicadores económicos, seguridad jurídica, lucha contra el terrorismo y calidad de vida.

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