La promesa del cambio de Constitución: los límites de una propuesta electoral de cara a las Elecciones 2021

El cambio de Constitución es un tema que en los últimos días ha tomado fuerza en el debate electoral, y más aún tras la crisis política y la decisión del Tribunal Constitucional por declarar improcedente la demanda competencial sobre la vacancia de un presidente.

Varios precandidatos a la presidencia de la República han mostrado su posición sobre este tema, que va desde la convocatoria a un referéndum, una Asamblea Constituyente, las reformas constitucionales o simplemente mantener el documento tal cual está.

Lo cierto es que incluso la propia Constitución Política de 1993 establece los cambios que se pueden hacer. Es decir, plantea ciertos "límites". Milagros Campos, especialista en derecho constitucional, señala que estos tienen que ver con ciertos derechos internacionales que el Tribunal Constitucional ha llamado “cláusulas pétreas”.

Por ello, resulta importante conocer qué cambios se pueden hacer realmente en la Constitución, para poder identificar alguna propuesta preelectoral que no tenga nada que ver con la realidad.

ENGAÑOS Y PROMESAS

Milagros Campos señala que el cambio de Constitución o las reformas que se hagan no pueden afectar el capítulo de derechos humanos de la Carta Magna. "En general la teoría constitucional nos muestra que en temas de reformas constitucionales siempre hay límites (..) el Perú ha firmado una serie de tratados internacionales y la modificación de la Constitución no puede contrariar esos límites".

En la actual constitución se pueden leer, en su Título I, los derechos fundamentales de la persona. Están el derecho a la vida, la identidad, la igualdad ante la ley, libertad de información, entre otros, que pasan por lo social, político y económico.

Esto marcaría un límite a las promesas electorales. “El debate sobre la pena de muerte, por ejemplo, cuando el Perú ha firmado tratados internacionales en los que se compromete a no incrementar el número de causas en los que se pueda aplicar, es un tema que exige un análisis jurídico y las posibilidades de que ello ocurra”, sostiene Campos.

Sobre este mismo caso, el constitucionalista Omar Cairo se refirió a las promesas en torno a la pena de muerte para violadores de menores o corruptos. Afirma que para cumplir con estos cambios, el Perú tendría que renunciar previamente a tratados internacionales como el Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Además, del presidente no depende (este cambio). Tendría que tener una mayoría parlamentaria suficiente para hacer una reforma de la constitución que establezca, luego de la renuncia al pacto de san José, esa reforma constitucional. Entonces, son promesas que buscan impactar. Logran en algunos casos concitar adhesiones, pero después se revelan como engaños”, agrega Cairo.

¿CONSTITUCIÓN O POLÍTICA PÚBLICA?

En el debate sobre el cambio de Constitución también nos podemos preguntar hasta dónde llega la competencia de este documento. Milagros Campos asegura que “en este momento los temas esenciales no atraviesan por un cambio constitucional”.

“Los grandes cambios atraviesan por políticas públicas y no por marcos normativos que después no pueden cumplirse”, menciona, en referencia al acceso a mejores servicios de salud, mejorar las condiciones de trabajo y reducir la informalidad.

Sobre este punto, Cairo recalca que el país vive esta situación de crisis debido al abandono del Estado, que empuja a las personas a la informalidad para acumular más dinero y acceder a servicios, y no necesariamente a un problema con la Constitución. “Cuando se deja al libre mercado la educación, tenemos estas universidades' bamba', una proliferación de clínicas y el abandono de los servicios de salud pública”.

Esta informalidad se evidenció más durante la cuarentena, en el momento más crítico de la pandemia de la COVID-19, indica el constitucionalista Luciano López. Este tema, considera, sí le compete a la Constitución. “Creo que a nivel constitucional, una gran transformación podría ser el reconocimiento del servicio público digital como un derecho ciudadano, para que active la obligación del Estado de implementar sus políticas públicas 100% digitales, lo que llevaría a la formalización y tributación de los ciudadanos, así como el acceso a servicios".

Algunos cambios tienen que ver con reforzar políticas públicas que ya existen, más que con modificar la Constitución. Informarnos sobre el tema es deber de los electores para poder elegir bien en las elecciones del próximo 11 de abril.