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por Sebastián Acosta
·El titular de la Mesa Directiva indicó Fiscalía o cualquier ciudadano puede recurrir al Tribunal Constitucional si así lo consideran por una ley, pues vivimos en un estado de derecho. Añadió que ellos cumplieron lo establecido en la Carta Magna al promulgar la norma sobre la cual el Ejecutivo no se pronunció.
Congreso
Declaraciones de Eduardo Salhuana.
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, dijo este martes respetar la postura del Ministerio Público que en vísperas anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley que regula los crímenes de lesa humanidad y de guerra en la legislación peruana.
En declaraciones a la prensa, el titular de la Mesa Directiva indicó que Fiscalía o cualquier ciudadano puede recurrir al Tribunal Constitucional si es que consideran que una ley no se apega al ordenamiento jurídico.
“Obviamente las opiniones que ellos puedan emitir nosotros las respetamos. Vivimos en buena hora en el país en un estado de derecho y aquella entidad o ciudadanos que consideren que una norma es inconstitucional, puede recurrir al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la carta política”, dijo.
En esa línea, precisó que el Parlamento aprobó dicha norma con amplia mayoría y que la promulgaron porque en el Ejecutivo decidieron no observarla y tampoco la publicaron, por lo que constitucionalmente el Legislativo estaba facultado a hacerlo.
Durante la noche del último lunes, la Junta de Fiscales Supremos anunció que había acordado presentar, mediante el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, una demanda de inconstitucionalidad contra la ley promulgada por el Legislativo el pasado 9 de agosto.
Demanda de inconstitucionalidad
Mediante un pronunciamiento, la Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la ley, pues consideraron que se contrapone a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los cuales están reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, así como otros tratados de carácter regional y universal ratificados por nuestro país.
Mencionaron también los distintos casos que se verían afectados por la norma, la cual consideraron vulnera la autonomía e independencia funcional de los fiscales, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad.
La norma fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 4 de julio con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. Luego pasó al Ejecutivo para que decidiera si la observaba o promulgaba; sin embargo, el plazo para hacerlo se cumplió sin que se adoptara ninguna medida por lo que la ley regresó al Congreso, donde fue promulgada.
Al respecto, el titular del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, indicó en RPP que la aprobación de esta norma generó una “ardua discusión” dentro del Ejecutivo y que luego de que llegara para su evaluación, no se logró concertar una posición única, por lo que se decidió que sea el Congreso el que la promulgue.
“Al interior del Poder Ejecutivo una ley tan polémica como esta generó una ardua discusión. Hubo puntos de vista diferentes y hemos tratado hasta el final de conciliar una sola posición del Ejecutivo y no se logró, al último el consenso fue que sea el Poder Legislativo el que la promulgue, como en efecto ha ocurrido”, sostuvo Adrianzén en Las cosas como son.
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Sebastián Acosta Periodista
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