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por Julio Cisneros
·Roberto Sánchez recibió una invitación de la Embajada de la República Popular de China en el Perú para participar del IV Foro de Partidos Políticos China–CELAC.
El Poder Judicial autorizó al exministro Roberto Sánchez, procesado por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022, ausentarse del país del 29 de noviembre al 10 de diciembre para participar en un evento político en China.
El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud que hizo Sánchez Palomino, actual congresista de la República, para que se autorice este viaje al extranjero en atención a una invitación de la Embajada de la República Popular de China en el Perú con la finalidad que participe de IV Foro de Partidos Políticos China–CELAC, evento organizado por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China que tendrá lugar en el país asiático.
La Fiscalía Suprema se opuso a esta solicitud de Roberto Sánchez al sostener que no se acreditan razones laborales que justifiquen el viaje, ya que no existe un motivo laboral directo relacionado a sus funciones como congresista y además resaltó que el proceso penal sobre el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022 se encuentra próximo a ingresar a la etapa de juicio oral, por lo que el peligro de fuga se incrementa razonablemente.
No obstante, el juez supremo Checkley Soria determinó que el evento al cual se está invitando a Roberto Sánchez no se vincula directamente con sus funciones legislativas, sino que se trata de una actividad vinculada a su rol como presidente del partido político que dirige, denominado Juntos por el Perú, que tiene representación en el Congreso de la República.
El magistrado precisó también que esta invitación proviene de la Embajada de la República Popular de China para que Sánchez Palomino participe en un evento político, lo cual tiene vinculación con la labor de un congresista, que es la de representar a una organización como es el presente caso.
Juan Carlos Checkley indicó que se trata de un viaje por pocos días y aún no se ha fijado fecha de juicio oral, al tiempo de remarcar que no existe en los actuados evidencia alguna que Roberto Sánchez haya incumplido las reglas de conductas fijadas por el juzgado dentro de citado proceso penal, entre ellas la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización judicial.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra Roberto Sánchez, así como su inhabilitación por 2 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo como presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado.
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Julio Cisneros Periodista
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