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por Redacción RPP
·En RPP, la fiscal adjunta provincial Cristina Gómez advirtió que la norma, al tratarse de una legislación de tipo penal para adultos, es "muy dura" y podría resultar aún más perjudicial al aplicar penas más severas a los adolescentes.
La fiscal adjunta provincial, Cristina Gómez, se pronunció en contra de la reciente aprobación, en segunda votación, por parte del Congreso del dictamen que declara a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.
En declaraciones a RPP, tildó la norma de “populista y engañosa” que carece de un sustento técnico y científico que respalde la afirmación de que aumentar las penas reducirá la delincuencia.
“En este caso, el Legislativo está optando por la respuesta más fácil y la más irresponsable”, cuestionó.
Gómez advirtió que la norma, al tratarse de una legislación de tipo penal para adultos, es “muy dura”, y podría resultar aún más perjudicial al aplicar penas más severas a los adolescentes.
En este sentido, destacó que el sistema penitenciario de adultos, en la que se encuentran personas “avezadas, más peligrosas, más violentas” no es adecuado para resocializar a los jóvenes infractores.
La fiscal también criticó la falta de medidas preventivas y de resocialización efectivas para los jóvenes que han cometido delito. Así, Gómez propuso potenciar programas de justicia juvenil restaurativa, como los que, apuntó, ejecuta el Ministerio Público, los cuales están orientados a trabajar con estos adolescentes infractores en conjunto con psicólogos y asistentes sociales, buscando el compromiso de los padres y de los mismos menores.
“Una forma de prevenir la delincuencia sería potenciar estos programas del Ministerio Público, porque son realmente buenos”, afirmó.
Caso de los menores en vulnerabilidad
Por otro lado, la fiscal adjunta provincial advirtió que las Unidades de Protección Especial (UPE) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), que contribuyen con el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social, con énfasis en niños, niñas, adolescentes —y que dependen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)— “están colapsados”.
“No tienen suficiente capacidad de atención. Y esto provoca que muchos casos, estos niños y adolescentes, puestos a disposición del Ministerio de la Mujer, no sean protegidos por el Estado y sean devueltos a cualquier persona o familiar y que regresen a esta situación de riesgo, de desprotección”, expresó.
Sin embargo, Henry Aguilera Rodríguez, titular de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, negó esa versión y aseguró que la cartera que lidera Teresa Hernández cuenta con las condiciones y el presupuesto para atener a los niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad.
“La situación es compleja y desborda muchas veces la capacidad, pero brindamos atención a todos los casos. Un equipo multidisciplinario de las Unidades de Protección Especial —un abogado, una trabajadora social y psicólogo— se encarga de analizar cada caso y dictar las medidas de protección”, explicó.
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