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Luis Olivera, exdirector de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), se pronunció sobre la normativa para supervisar financiamiento de las ONG aprobada el pasado 5 de junio por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.
Luis Olivera, exdirector de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), se refirió sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que propone cambios en la supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Al respecto, indicó que esta iniciativa tiene como objetivo silenciar a las ONG que -por su espectro ideológico- tienen una voz crítica que se vuelve incómoda para el Estado al cuestionar su trabajo y la forma como ejerce el poder.
“Las ONG, o sean, las organizaciones de la sociedad civil, en general, son incomodas porque abordan temas que son de interés público y que suelen criticar o mostrar deficiencia del Estado en el respeto a derechos humanos o temas ambientales”, sostuvo el también docente en Las cosas como son.
“Esas son las incómodas y esas se quieren callar”, apuntó.
Asimismo, indicó que en el dictamen se “abren temas ambiguos” como “hacer proselitismo político”. “Habla de las ONG que hacen actividad y difusión política y que critique o cuestionen políticas del Estado”, acotó.
Alejandro Aguinaga insiste en que se busca “transparencia”
El congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), defendió el dictamen aprobado por su grupo de trabajo el pasado 5 de junio, el cual propone modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para supervisar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Dicha comisión justificó el dictamen al señalar que existen “vacíos legales” en la mencionada normativa, que “no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias” como las ONG.
También se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando “influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional”.
En ese sentido, el legislador fujimorista declaró que este proyecto busca transparentar el dinero que ingresa al país a través de la cooperación internacional.
A modo de ejemplo, señaló que hay casos de ONG que se registran para “actividades de desarrollo”, pero que al final terminan realizando “activismo político”.
También dijo que la normativa se sustenta en otras que rigen en el extranjero, como Estados Unidos, con su Ley FARA que “exige que los agentes de mandantes extranjeros, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero”.
“Si un proyecto viene para ambientalismo, no puede usarse o desviarse hacia fines políticos, que es lo que ha venido aconteciendo en el país. Los modelos democráticos buscan la transparencia de los recursos provenientes de entidades extranjeras, a fin de salvaguardar posibles amenazas”, sostuvo en La Rotativa del Aire.
“Hemos visto que [hay oenegés que] se inscriben para temas de desarrollo, pero comienzan a hacer activismo antiminero y paralizan al país, y causan un detrimento económico”, agregó.
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Las embajadas de 16 países desarrollados han publicado un comunicado expresando su preocupación ante “las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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