Ricardo Valdés y Enrique Castro reflexionaron en RPP sobre la creciente inseguridad en el país y la ineficacia de la clase política para combatir este flagelo.
El reciente asesinato del vocalista del grupo de cumbia Armonía 10, Paul Flores, ha avivado aún más el debate sobre la creciente criminalidad en el Perú. Ante esta crisis de seguridad, diferentes fuerzas políticas han presentado ante el Congreso de la República mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, advirtiendo su falta de efectividad en la lucha contra el sicariato y la extorsión.
Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, criticó el cambio de postura de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, bancadas parlamentarias que, hasta hace poco, respaldaban su gestión de una forma acérrima.
En el programa Las cosas como son de RPP TV, el especialista en temas de trata de personas y economías criminales consideró que este giro se debe a la proximidad de las elecciones generales de 2026.
“Lo que han hecho los partidos políticos es leer, finalmente, el ambiente y el ánimo del electorado”, dijo.
En palabras de Valdés, el Congreso había mantenido una actitud permisiva frente a la explosión de la inseguridad, pero, ante el inicio de la carrera electoral, la indignación popular y el deterioro de la imagen de ese poder estatal, decidió tomar “un poco de distancia” de su “inefectividad”.
El exviceministro también criticó el desempeño del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). A su juicio, esta institución no ha cumplido su rol, porque ni el ministro del Interior ni la presidenta Dina Boluarte han impulsado un plan integral contra la criminalidad.
“Si no hay estrategias para enfrentar la inseguridad en los trenes niveles —criminalidad común, la criminalidad organizada y las economías ilícitas —, entonces difícilmente va a poder articularse a todos los que forman parte del sistema de protección y la persecución del delito —Inpe, Ministerio Público, Poder Judicial— [para combatir la ola delincuencial]”, sostuvo.
En ese contexto, afirmó que Juan José Santiváñez, “más que un estratega”, “ha sido un operador político y un ministro escudero de la presidenta [Dina Boluarte] y de sus propios intereses” ante las investigaciones fiscales que enfrenta, entre ellos por el presunto delito de cohecho, tráfico de influencias y encubrimiento.

Integrantes de las Fuerzas Armadas custodian las calles en Lima. Fuente: EFE
No hay "apreciación técnico-político"
Por su parte, Enrique Castro, especialista en gestión de fenómenos de violencia y seguridad ciudadana, opinó que tras la muerte del cantante Paul Flores hay un “aprovechamiento” político por parte de las bancadas del Congreso “para golpear al que ya estaba golpeado”, en referencia al ministro del Interior.
De acuerdo con su perspectiva, esta situación no responde a “una apreciación técnico-político, sino puramente político”.
Castro también mencionó que, al igual que Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre y condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por caso Aeródromo Wanka, otras figuras políticas han sido beneficiados por la “inacción o acción conveniente de parte de las fuerzas de orden y control”.
“Entonces, son diversos actores políticos y no políticos, pero con poder fáctico en el territorio y los mercados criminales, que se han visto favorecidos por la clase política (Ejecutivo y Congreso)”, dijo.
El experto reprochó también la propuesta del Gobierno de instaurar el servicio militar y policial obligatorio como medida para luchar contra la inseguridad. “Son medidas desesperadas que no tienen mucho asidero en la experiencia regional”, enfatizó.
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