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El titular del Congreso de la República cuestionó el accionar del Ministerio Público por denunciar a 11 legisladores que aprobaron un dictamen en la Comisión de Defensa que benefició a cinco de ellos con una doble percepción de ingresos: por ser congresistas y oficiales en retiro.
El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía ante el Parlamento en contra de 11 legisladores implicados en la aprobación de una ley que benefició a cinco de ellos con una doble percepción de ingresos, es decir, sueldo de congresista y pensión como oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
A través de sus redes sociales, el titular de la Mesa Directiva cuestionó el accionar del Ministerio Público aduciendo que dicha denuncia podría configurar en “una infracción constitucional” aplicable “bajo el artículo 99 de la Carta Magna”.
“La Fiscalía ha denunciado a congresistas por aprobar el dictamen relacionado al proyecto de ley 319/2021, desconociendo el art. 93 de la Constitución”, señaló Salhuana en su cuenta de X.
A ello, agregó que “es fundamental que el Ministerio Público actúe con respeto al orden constitucional y el Estado de Derecho”.
Cabe señalar, que el artículo 93 de la Constitución está dedicado a la inmunidad parlamentaria, la cual refiere que “los congresistas representan a la Nación” y “no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”.
“No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas”, señala parte del mencionado apartado.
Mientras que el artículo 99, referente a la acusación por infracción de la Constitución, sostiene que “corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los ministros de Estado y a los miembros del Tribunal Constitucional”.
Así como “a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.
La @FiscaliaPeru ha denunciado a congresistas por aprobar el dictamen relacionado al proyecto de ley 319/2021, desconociendo el art. 93 de la Constitución. Esto podría configurar una infracción constitucional, aplicable bajo el art. 99 de la Carta Magna.
— Eduardo Salhuana Cavides (@salhuanacavides) January 23, 2025
Es fundamental que el… pic.twitter.com/tdSqmvhC38
Congresistas denunciados
En sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la denuncia, realizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, comprende a los congresistas José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.
Estos parlamentarios son denunciados por "sus actuaciones como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, período 2021-2022, come presuntos autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado", dice el comunicado de la Fiscalía.
El Ministerio Público explica que a los denunciados se les atribuye "haberse interesado indebidamente y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR con su texto sustitutorio, con el cual permitieron" que cinco congresistas "accedan a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea".
La Fiscalía puntualiza que los parlamentarios beneficiados con esta medida fueron Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza.
Ellos -continúa el comunicado del Ministerio Público- accedieron a las dos percepciones económicas "sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas (en el caso de Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León y Cueto Aservi) y de la Policía Nacional del Perú (en el caso de Azurín Loayza).
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