Edgar Alarcón afirmó que la Fiscalía sustentó presunto desbalance patrimonial “manipulando las cifras”

El congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), ejerció su derecho a defensa en la Comisión Permanente por la denuncia constitucional en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito.

El legislador rechazó el informe que recomienda la acusación constitucional en su contra, en su condición de excontralor, al asegurar que este se basa en cifras manipuladas.

“Según la evaluación que ha hecho la Fiscalía, tengo ingresos totales S/ 687 826, y egresos S/ 889 163. Un supuesto desbalance de S/ 201 337. Eso está mal, porque no han considerado el saldo inicial”, comentó.

“Cuando hago un flujo de caja, tengo que empezar diciendo cuánto tienen disponible en caja, en bancos, cuánto tienes de disponibilidad. De ahí se parte. Si la Fiscalía, y es lo que insisto, ellos han intentado, y lo han hecho, sustentar un desbalance patrimonial manipulando las cifras”, añadió.

Culminada su presentación, se dio paso al debate en la Comisión Permanente, tras el cual se votará la moción.

Cabe mencionar que hay parlamentarios como Carlos Almerí, de Podemos Perú, y Carlos Mesía, de Fuerza Popular, que cuestionan el informe y no respaldarán el mismo en la votación.

El pedido

La Comisión Permanente del Congreso se reúne desde las 09:00 horas para, entre otros temas de agenda, evaluar el informe que recomienda la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito contra Edgar Alarcón, en su condición de excontralor.

En la sesión virtual de la Comisión Permanente realizada el 1 de marzo, se sustentó el informe final de la denuncia constitucional 371; tras lo cual la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, notificó públicamente a Alarcón Tejada para que ejerza su derecho de defensa en la sesión virtual de este viernes.

En el informe, se recomienda acusar por antejuicio político al denunciado Edgar Alarcón, en su condición de excontralor, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

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