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por Oswaldo Palacios
·Con 14 votos en contra y cuatro votos a favor, los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazaron la propuesta de acusación constitucional de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra Dina Boluarte por el presunto delito de homicidio.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó admitir a trámite la denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros exministros por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Christopher Michael Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra, Rosalino Florez Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otra víctima en el marco de las protestas sociales que se llevaron a cabo en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Con 14 votos en contra y 4 votos a favor se rechazó la acusación de la extitular del Ministerio Público Patricia Benavides. Los legisladores que opusieron a la denuncia planteada en 2023 fueron Jorge Montoya (Honor y Democracia), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Eduardo Castillo (Fuerza Popular), Héctor Ventura (Fuerza Popular), Martha Moyano (Martha Moyano), Edith Julón (Alianza para el Progreso), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Alex Paredes (Bloque Magisterial), José Cueto (Honor y Democracia), Diego Bazán (Renovación Popular), Kira Alcarráz (Podemos Perú), Jorge Coayla (Perú Bicentenario), Esdras Medina (Renovación Popular) y Luis Aragón (Renovación Popular).
En el documento que presentó Benavides Vargas se señala que la protección de la vida y la integridad física de los ciudadanos es uno de los aspectos fundamentales de la función presidencial, por lo que, ante las protestas sociales que se producían en el país tras la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente del entonces presidente Pedro Castillo, la mandataria Boluarte Zegarra “habría tenido la obligación funcional de prevenir y controlar situaciones que pudieran poner en peligro o afectar los bienes jurídicos vida e integridad física ante las operaciones que eran desplegadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.
“Asimismo, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, al ostentar el cargo de presidenta de la República a la fecha de los hechos, tenía la condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; correspondiéndole presidir el Sistema de Defensa Nacional, así como organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es decir, Boluarte Zegarra, al momento de los hechos, tenía mando tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre la Policía Nacional del Perú, lo que implica que tenía la autoridad para supervisar y controlar las acciones de dichas instituciones, por lo que era su deber asegurar que las mismas operen dentro de los límites de la ley y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, con la finalidad de evitar que el personal de dichas instituciones incurra en el uso desproporcionado y letal de la fuerza”, dice la denuncia constitucional.
Además de Benavides, el extitular del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola; y los exministros del Interior, César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, también son acusados de la presunta comisión del delito de homicidio, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos.
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Oswaldo Palacios Portadista
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