Poder Legislativo: ¿Existen conflictos de intereses en la Comisión de Educación del Congreso?

Tras conocer los antecedentes de los congresistas que presidirán las comisiones ordinarias del Congreso durante el periodo parlamentario 2021-2022, llegó el turno de revisar algunos de los grupos más importantes dentro del Parlamento.

Uno de ellos es la Comisión de Educación, que tiene como presidente a Esdras Medina, quien ya anunció en RPP Noticias que pedirá a la Sunedu un informe sobre el cierre de universidades con licencia denegada. El congresista Jorge Marticorena (Perú Libre) denunció que la presencia de sus colegas José Elías (Podemos) y David Jiménez (Fuerza Popular) en esta comisión constituye un conflicto de interés, pues tienen cargos en dos universidades particulares.

El congresista de Fuerza Popular David Jiménez Heredia declaró en su hoja de vida que, entre 2010 y 2020, se desempeñó como abogado/empresario en la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Especifica además que es promotor y gerente general de este centro de estudios, que además tiene otras partidas como Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Franklin Roosevelt y Corporación Educativa F.R.

En el caso de José Luis Elías Ávalos, quien alcanzó un escaño como parte del partido Podemos, declaró en su hoja de vida que actualmente es presidente del directorio de la Universidad Privada San Juan Bautista, además de tener participaciones y acciones en la misma.

Con ambos congresistas intentamos contactarnos para tener sus descargos en este informe, pero no contestaron a nuestras llamadas, mensajes ni correos electrónicos.

Elías Ávalos ya fue parte de la Comisión de Educación anteriormente, pues fue congresista durante los periodos 2000-2001 (Movimiento Independiente Avancemos) y 2011-2016 (Fuerza 2011). Durante este periodo se opuso a la creación de la Sunedu y presentó un proyecto de Ley contra la Ley Universitaria, además de proponer para ella distintas modificaciones. En una entrevista con RPP Noticias, el exministro —y por entonces presidente de la Comisión de Educación— Daniel Mora lo acusó de presentar proyectos que "se refieren solamente a sus intereses particulares".

¿Existe conflicto de interés?

En principio, salta a la vista un conflicto ético en la participación en la Comisión de Educación de congresistas que tienen cargos o acciones en universidades particulares. "Si la información [de que son accionistas de universidades] ha sido declarada en sus hojas de vida, ¿por qué el Congreso ha permitido que entren en esta comisión? No debería haberse permitido, es una falla gigantesca de la operatividad del Congreso", sostiene Hugo Ñopo, investigador de GRADE. 

Aunque el reglamento del Congreso no impide que los parlamentarios con puestos o dueños de universidades sean parte de este grupo de trabajo, Ñopo sostiene que el problema aquí es eminentemente ético. "Si el Congreso quiere tener un comportamiento ético, tiene que operar de tal forma que sea consistente. [Que estos congresistas sean parte de la comisión] puede tener muchas implicancias, es poner al gato de despensero, sabemos que eso siempre nos va a llevar a políticas erradas, mercantilistas, que no necesariamente van a hacer bien a la mayoría". 

La Ley Universitaria, desde su nacimiento, ha tenido muchos detractores en el Congreso. Hugo Ñopo apunta que estos detractores son, básicamente, quienes tienen negocios en el rubro. "¿Quiénes son? Básicamente los que comercian, de manera abusiva, del servicio educativo universitario. Recordemos que el negocio de la educación puede representar el 1% del PBI, es muchísimo dinero que se reparte entre algunas pocas universidades, en algunos casos, la prestación del servicio tiene calidad, pero Sunedu nos viene diciendo que en varios casos la prestación de calidad no es suficiente".

¿Qué camino se podría tomar? Ñopo señala que nos queda la veeduría ciudadana. "Esa ciudadanía activa tiene que decir que no podemos permitir que quienes legislan sobre un negocio sean precisamente los beneficiarios del negocio, los mercaderes. Eso está errado, no debería permitirse".

Cómo regular los conflictos

Afirmar que la participación de un congresista en determinada comisión representa un conflicto de interés no es tan simple y más bien es complejo, afirma Luis Lescano, miembro de la Comunidad de Educación de IPAE. "No estamos enfrentando una discusión de naturaleza legal o constitucional", comenta Lescano, quien además se desempeñó como funcionario público en el Sistema de Acreditación Nacional. "Esto nos lleva a una discusión en el aspecto ético", agrega.

Para Lescano, en general no se debería impedir que un congresista participe en la Comisión de Educación, aunque tenga que ver con alguna universidad. Sin embargo, dice: "En particular, estos congresistas tienen vínculos con el tema universitario. Yo me inclinaría en una regulación que impida que, en estos casos concretos, de conflictos concretos, haya una especie de apartamiento, de inhibición, de recusación, para que no intervengan en casos en donde evidentemente pueda haber conflictos de intereses".

Hay que recordar que la Comisión de Educación no solo ve temas de educación superior, sino también temas de institutos o educación básica regular. Lescano sostiene que si un congresista que tiene experiencia en alguna materia puede aportar, no habría inconveniente. "En la comisión también existen personas que están vinculadas al Magisterio, que tiene una agenda importante. Entonces, con ese razonamiento [del conflicto de intereses] tendríamos que impedir que esas personas participen".

Pero no se trata de negar que exista el conflicto de interés, sino de reconocer que el tema es amplio y su desarrollo complicado de regular en el Congreso al tratarse de manera subjetiva. "Tendría que haber un marco regulatorio que precise de manera razonable aquellos casos en que, producido el conflicto de intereses, tenga que haber un apartamiento por disposición regulatoria y no porque hay una opinión subjetiva que indica que esto puede o no funcionar", propone Lescano.

¿Qué se puede hacer desde el Congreso?

El especialista en tema electorales Cristhian Jaramillo asegura que, si bien desde afuera los peruanos podrían apoyar que por conflicto de intereses un congresista no puede ser parte de una comisión, desde el propio parlamento habría problemas para ejecutar una norma al respecto.

"Este tipo de normativa [regular el conflicto de interés en las comisiones] debería darla el mismo Congreso modificando su reglamento, pero el problema que veo es la ejecución de esa norma. Porque el concepto de conflicto de interés es bastante complicado de abordar y de legislar", comenta Jaramillo.

En opinión del experto, el problema tiene una raíz más profunda que tiene que ver con la reforma electoral. "Sí, usualmente la presidencia de cualquier comisión debería tener un congresista que tenga experiencia. Sin embargo, lamentablemente en el referendum del 2018 se eliminó la reelección congresal, y eso también termina por eliminar el tener una base dentro del Congreso de parlamentarios que tengan algún tipo de experiencia. Sería positivo que se regule [el conflicto de intereses] pero tenemos muchas limitaciones", sostiene.

En sus primeras semanas en el Congreso, la parlamentaria María Acuña Peralta (hermana del excandidato presidencial César Acuña, fundador de las universidades César Vallejo y Señor de Sipán) pidió que se cree una "comisión especial de control y acompañamiento" a las comisiones reorganizadoras de las universidades públicas que no alcanzaron el licenciamiento. En su moción menciona a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Nacional Ciro Alegría.