Rosángella Barbarán, de Fuerza Popular: "De ninguna manera voy a justiciar la violencia a cualquier persona"

La congresista electa de Fuerza Popular, Rosángella Barbarán, sostuvo que el grupo llamado 'La Resistencia', involucrado en la violencia durante las últimas movilizaciones sociales, ya no apoya al fujimorismo. Además, marcó distancia con Álvaro Subiría, seguidor de su partido, quien fue acusado de agredir a una periodista durante una manifestación.

"Yo he asistido a muchas manifestaciones, me he acercado a los jóvenes que han estado acampando a las afueras de Palacio de Justicia y me he tomado fotos con diferentes personas, muchas que realmente desconozco. Respecto al señor Álvaro Subiría, me sorprende que al haber identificado han querido relacionarlo", señaló.

"De ninguna manera voy a justiciar la violencia a cualquier persona. La agresión no es una práctica para que puedas levantar tu voz. La lucha es de todos y hemos pedido abiertamente que sea de manera pacífica. Yo he hecho una transmisión en vivo y muchas personas se han acercado y más del señor no sé, desconozco a la persona", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria también indicó que, luego de haber elegido las vocerías de Fuerza Popular en el próximo Parlamento, iniciarán "las negociaciones formales" con otras bancadas para la conformación de una Mesa Directiva "democrática". Al respecto, indicó que las condiciones dependerán del resto de fuerzas políticas.

"Yo creo que, por el Perú, por la estabilidad y por la no Asamblea Constituyente, uno tiene que tener los máximos gestos políticos que se puedan. Evidentemente, si es no presidir (la Mesa Directiva), no presidir. Lo que sí quisiera es no adelantar una opinión porque no tenemos una posición como bancada", señaló.

Fiscalía inició diligencias

Anoche, la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima, a cargo de la fiscal Fanny Uribe Tapahuasco, inició investigaciones por el presunto delito contra el cuerpo, la vida y la salud, además del delito contra el patrimonio y la paz pública contra quienes resulten responsables.

Desde la Fiscalía precisaron que se inició una investigación de oficio por la agresión a los ministros de Salud y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Óscar Ugarte y Solangel Fernández Huanqui, respectivamente; así como por los disturbios en agravio del Estado.

El despacho fiscal dispuso que se notifique a los medios de comunicación para brindar los datos de los periodistas que fueron agredidos en las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Si bien no existe denuncia por este incidente, desde Fiscalía tomaron conocimiento por lo difundido en la prensa.

Además, se investiga el caso del ciudadano Richard Muro Macedo, por lesione graves, a partir de la denuncia presentada por el abogado Christian Suárez Oliver, quien indicó que militantes de Perú Libre "le atacaron con machete" por presuntamente llevar la bandera de Perú en la espalda.

Protestar sin actos de violencia

Esta mañana, la Defensoría del Pueblo rechazó los actos de violencia registrados en el Cercado de Lima en los que participaron grupos de simpatizantes de Fuerza Popular, caso que ha sido motivo del inicio de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público.

"Es absolutamente incompatible con nuestro derecho a manifestarnos, nuestro derecho a protestar. La Defensoría ha insistido que el derecho a la protesta en todo sistema democrático es incompatible con toda expresión de violencia y corresponde a las autoridades garantizar que nosotros podamos expresar nuestra opinión en un contexto de paz", señaló Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo.

En entrevista con RPP Noticias, Percy Castillo señaló que en estos casos siempre debe estar presente "el rol garante" de la Policía, principalmente, hacia los ciudadanos. Asimismo, hizo un llamado a la población para entender que "la violencia no es el camino" ni la forma para manifestar una postura que consideren correcta.

"Es una responsabilidad que involucra a los actores principales de estos hechos. El llamado tiene que ser claro, el respeto implica manifestarse pacíficamente y si este mensaje no se emite con claridad, probablemente se extravíe y las formas de poder señalar su opinión salgan del marco que el derecho protege", apuntó.

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