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por Sergio Espinoza
·En RPP, el abogado Elio Riera calificó de “equivocado” el anuncio del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y dijo que si considera que hubo alguna irregularidad, debería denunciar en vez de pedir la suspensión de la pensión vitalicia.
Lima
Abogado de Alberto Fujimori al presidente del Congreso por plantear suspensión de la pensión vitalicia
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), dijo que propondrá a la Mesa Directiva suspender temporalmente la pensión vitalicia para el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), para iniciar una etapa de consultas con expertos para saber sobre la viabilidad de la subvención de 15 600 soles mensuales.
Elio Riera, abogado del exmandatario condenado por los casos ‘La Cantuta’ y ‘Barrios Altos’, dijo sentirse “sorprendido” por el anuncio de Salhuana Cavides, puesto que inicialmente refrendó el informe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que concluyó que era procedente otorgar la pensión vitalicia.
“Hay un primer pronunciamiento de él dando validez, pero de la noche a la mañana, a raíz de una declaración, entiendo que habría reflexionado y no comprendo por qué, en atención a una necesidad de la población y de realizar otras consultas”, declaró el letrado en el programa Ampliación de Noticias.
Riera calificó de “equivocado” el anuncio del titular del Parlamento, alegando que “no tiene la atribución” de consultar ante la Mesa Directiva la viabilidad de la subvención a favor de Fujimori, puesto que, recordó, ya existen informes de la Oficina Jurídica del Congreso y de las áreas de Logística y de Recursos Humanos.
“A mi entender, el presidente del Congreso estaría solicitando la contratación de servicios adicionales para corroborar que los funcionarios técnicos hicieron bien su trabajo. Si esa es una función del presidente del Congreso, estamos equivocados. Lo que debería hacer, si considera que hay una irregularidad, es denunciar”, alegó.
Elio Riera cuestionó la posibilidad de auditoria externa
En ese sentido, el defensor legal del exmandatario rechazó una eventual investigación externa del informe realizado por los funcionarios del Congreso. A su parecer, sería un “sobrecosto innecesario”.
“Cada funcionario administrativo es responsable por sus actos. Si existe alguna equivocación, tendrán que ser sancionados por ley, pero para eso hay un órgano de control interno”, complementó.
Finalmente, Elio Riera dijo comprender que la pensión vitalicia a su patrocinado puede ser “discutible”, pero insistió en que “seguirán todos los procedimientos legales” ante una posible suspensión de la subvención.
Funcionarios vinculados a APP aprobaron pensión vitalicia, según reportaje
Funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, fueron los que aprobaron desde el Congreso la pensión vitalicia de 15 600 soles que viene recibiendo Alberto Fujimori.
Un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que este beneficio que recibió el padre de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, se le otorgó en la gestión del entonces titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes (APP).
Alberto Fujimori presentó el 29 de abril de este año ante el Congreso una solicitud para que se le conceda la pensión económica, además de auto, combustible y guardaespaldas, a pesar de que tiene una deuda por reparación civil que asciende los 57 millones de soles. Cinco días después, el 3 de mayo, la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, a cargo en ese entonces de José Rubio Preciado, concluyó que su requerimiento “resultaría procedente”.
Rubio Preciado, que había laborado en el Gobierno de La Libertad en 2016 bajo la gestión de Luis Valdez Farías (APP), no supo explicar el sustento legal de su recomendación. "No me acuerdo sinceramente", indicó. En su informe, justifica que "el indulto suprime la pena impuesta", una interpretación que es tildada de "falsa" por el abogado penalista Andy Carrión.
Rubio apenas laboró tres meses como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo —cuyo salario era de 19 176 soles—. Fue destituido diez días después de recomendar que se otorgue pensión a Fujimori, actualmente procesado por el caso Pativilca y por el cual el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión en su contra. “Habría sido contratado exclusivamente para realizar el informe legal”, dice el reportaje.
Por si fuera poco, el sello final de la aprobación de este requerimiento de pensión fue firmado por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Janette Figueroa Valdez, una trabajadora que, de acuerdo con la investigación periodística, milita desde de 2014 en Alianza para el Progreso.
El 10 de mayo, el jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y modernización, William Federico Alcántara Infantes, autorizó el desembolso de 156 000 soles para dar cumplimiento a la medida durante el 2024. Esta persona es doctor en Gestión Pública por la Universidad de César Vallejo y fue asesor principal del excongresista Richard Acuña Núñez en dos ocasiones.
"Parece que la decisión de otorgar o no la pensión vitalicia a Fujimori siempre estuvo en manos de personajes allegados al partido de César Acuña”, concluye el dominical.
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Desde el punto de vista jurídico el anuncio de Keiko Fujimori carece de fundamento. Si se trata de una maniobra política, debería ser corregida por abogados que como Luis Galarreta y Miguel Torres, juegan un rol eminente en la jerarquía de Fuerza Popular.
Sergio Espinoza Periodista
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