Infografía del proyecto de fábrica de Altri.
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Los frentes abiertos del proyecto de Altri en Galicia que hacen incierta su implantación
La obtención de financiación pública e implicaciones jurídicas de su declaración ambiental favorable condicionan el plan de la compañía portuguesa de construir la fábrica de fibras textiles en Palas de Rei
Más sobre la tramitación de Altri: La Xunta espera tener este verano la Autorización Ambiental Integrada de Altri
"Altri non" es el lema que hoy gritan decenas de miles de gallegos como hace más de 22 años hicieron con "Nunca máis". En aquella ocasión la frase fue la respuesta exigente en las calles, en plataformas y en discursos a una desgracia consumada, el desastre del petrolero Prestige frente a la costa de A Coruña, y exigía responsabilidades medioambientales, judiciales y políticas. Ahora otro grito moviliza a gran parte de la población gallega contra un proyecto industrial en su territorio que aún no es una realidad, pero ha generado una fuerte oposición social, y cuya ejecución depende de la obtención de fondos.
La incertidumbre define ahora, tras la declaración ambiental favorable otorgada por la Xunta de Galicia el mes pasado, el proyecto de la multinacional portuguesa Altri de implantar en el municipio de Palas de Rei (Lugo) una fábrica de fibras textiles al borde del río Ulla que, de construirse, se convertiría en la mayor inversión privada en Galicia, de unos 1.000 millones de euros. La concesión de financiación pública condiciona su viabilidad económica y, por tanto, su futuro.
El Parlamento gallego aprobó por unanimidad en febrero de 2022 a través de una proposición no de ley (PNL) que la iniciativa de Altri se instalase en la provincia de Lugo. Ocuparía una superficie de unas 500 hectáreas. El entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la definió como "el proyecto más importante para la candidatura gallega" a los fondos europeos Next Generation, estratégicamente capital para la reindustrialización de Galicia.
Al voto a favor del PP en el Parlamento se sumaron los del BNG y el PSdeG, fuerzas políticas que en la actualidad cuestionan o batallan, movilizando a la sociedad, contra la celulosa de Altri. Sus posturas cambiaron a partir de las denuncias que distintos colectivos ecologistas, como Adega o Por unha Ulloa Viva, formularon por el impacto medioambiental y económico que la planta de fibras textiles tendría en el entorno.
La población también tomó conciencia de los efectos que tendría el proyecto, sobre todo en el medio ambiente (según los ecologistas, vertidos contaminantes, consumo de agua y biodiversidad desprotegida), y otras entidades sociales y agrupaciones ciudadanas se movilizaron en las calles para manifestar un rechazo que ha ido creciendo a medida que la compañía lusa tramitaba su plan en la administración gallega.
Una financiación en el aire
Con el visto bueno de la Xunta a la declaración de impacto ambiental del proyecto de Altri se abre ahora un escenario incierto condicionado por trámites administrativos, financieros y también políticos. Se sigue oyendo el grito de "Altri no", pero el sí no está garantizado.
La empresa portuguesa aspira a obtener una ayuda directa de 250 millones de euros a través de los fondos Next Generation. Estos los canaliza el Estado ante la Comisión Europea, pero Industria ha exigido garantías de que el proyecto cumple estrictamente los requisitos ambientales sin causar daños relevantes al entorno, y de momento ha paralizado el proceso de solicitud de financiación europea.
Otra vía para obtener fondos la abrió Altri con la candidatura a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de descarbonización. Son 30 millones los que ha pedido, pero su concesión está supeditada a que las inversiones se ejecuten antes del último día de 2026, lo que se antoja difícil dada la magnitud de las instalaciones previstas en el proyecto.
¿La Xunta está dispuesta a contribuir económicamente? El presidente gallego, Alfonso Rueda, reiteró esta semana que no va a haber dinero autonómico para Altri. Difiere de lo que hace un año respondía al PSdeG en una sesión de control a su gobierno, al decir que la Xunta iba a "estar comprometida con los proyectos que cumplan medioambientalmente, creen futuro industrial y puestos de trabajo". Ahora insta al Gobierno central a que convoque los Perte y a que se distribuyan fondos europeos sin repartir.
El frente judicial
El BNG, el sindicato nacionalista CIG y la plataforma Por unha Ulloa Viva se agarran a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ha anulado parcialmente el decreto de la Xunta que privatizaba los procedimientos de evaluación ambiental para hacer una advertencia sobre el futuro de Altri en Galicia.
Pancarta contra el proyecto de Altri desplegada en 2024 en la catedral de Santiago.
Se trata de un fallo que pone en tela de juicio la legalidad del modelo que usa la Xunta para externalizar informes a empresas privadas en lugar de hacerlo con funcionarios públicos. La CIG ya ha avisado que solicitará la suspensión administrativa de proyectos tramitados según este modelo, como el de Altri, lo que, según el sindicato, podría permitir la revisión de todos los informes ambientales elaborados por entidades privadas desde mediados de 2023.
Enfrentamiento sin fin
Altri mira a Galicia y la comunidad recela de su proyecto. Quienes lo defienden resaltan sus virtudes con moderación, niegan perjuicios medioambientales, aseguran que creará empleos directos y, en clave política, piden al Estado que no obstaculice el acceso a los fondos.
Los contrarios demandan rectificaciones a la Xunta para que dé marcha atrás con el plan industrial, alimentando así la continuidad del enfrentamiento político entre Alfonso Rueda (PP), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), así como el rechazo de parte de la sociedad gallega. El caso Altri promete nuevos capítulos mientras no se resuelven sus incertidumbres.
