Ipsos: 51% opina que Ley de Promoción Agraria debería mantenerse con ajustes y mejoras

Un 51% de peruanos opina que la Ley de Promoción Agraria, derogada el último viernes, debería mantenerse luego de realizar ajustes y mejoras a esa norma, según una última encuesta realizada por Ipsos. 

Un 33% opina que dicha ley debería derogarse completamente y un 7% piensa que debería quedarse tal como estaba. 

El estudio se realizó el sábado 5 de diciembre, un día después de que miles de trabajadores agroindustriales empezaran a abrir varios tramos de la carretera Panamericana en Ica y el norte del país, luego de cinco días de bloqueos y protestas contra la ley agraria.

La medida de fuerza se despuso luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria por parte del Pleno del Congreso.  

Pese a manifestar opinión sobre la derogatoria de la ley, el 75% de los entrevistados por Ipsos indicó no estar informado acerca de este régimen vigente desde hace más de 20 años y que tiene como propósito impulsar el desarrollo del rubro agroexportador en el Perú. Solo un 24% dijo conocer la ley. 

No obstante, un 81% de encuestados dijo que sí estaba informado de los bloqueos de carretera en Ica, La Libertad y otros lugares de la costa peruana.

Un 75% dijo estar de acuerdo con las protestas, pero que deberían ser marchas pacíficas sin bloquear carreteras. Mientras que un 15% dijo estar de acuerdo, incluso, con que se impida el paso de vehículos. El 9% de los entrevistados se manifestó totalmente en contra de protestas y bloqueo de carreteras. 

Sobre las razones de las protestas, el 46% indicó que fue una reacción de los trabajadores a los abusos de las services (empresas de tercerización de servicios) y contra "algunas empresas que no cumplen con la ley). Un 36% opinó que la principal razón fue para exigir mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. 

En tanto, un 11% atribuye las protestas a "la campaña electoral de algunos partidos" y un 3% cree que se trató de operativos organizados "por extremistas que se han infiltrado". 

Un 34% dice que el Gobierno es el principal responsable "de la situación en torno al conflicto por el paro agrario", el 27% atribuye la responsabilidad al Congreso y un 20% a las empresas de services agrícolas.