El 5 de abril de Pedro Castillo, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

A medida que tomamos distancia del desafortunado martes 5 de abril, menos se comprende por qué el presidente Castillo impuso en Lima y Callao una jornada de “inmovilización social obligatoria”. Al cuestionamiento inmediato formulado por la Defensoría del Pueblo, se han venido añadiendo los de la Confiep, la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Anoche el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostuvo que no veía ningún argumento que sustentara la tesis de un peligro inminente de saqueos y puso en duda la existencia de informes creíbles de inteligencia policial. “Si la Policía tenía informaciones rigurosas sobre planes delincuenciales, ¿por qué no hay nadie detenido bajo esos cargos?”, se preguntó en RPP TV.

Entretanto se ha producido un extraño cruce de palabras entre el primer ministro y el ministro del Interior. Alfonso Chávarry se dice indignado por las criticas que habría formulado Aníbal Torres a la institución policial y defiende con énfasis “el profesionalismo y el heroísmo” que ha mostrado la Policía Nacional”. Pero es posible que Chávarry esconda tras el respeto que nos merecen los agentes policiales, la manipulación de la información que pueden hacer las autoridades del ministerio del Interior. Al fin y al cabo, las medidas represivas fueron levantadas durante la tarde y los actos de violencia fueron provocados precisamente por la “inmovilización”, cuya necesidad nadie ha sustentado. La pregunta que se plantea ahora es si Pedro Castillo cometió una infracción constitucional que merezca un proceso de inhabilitación.

El presidente debería comenzar explicando el papel que juegan en su despacho personajes como Henry Shimabukuro y Cristina Boyd. Por ahora, lo único seguro es la afirmación hecha por un especialista de la Agencia de calificación financiera Moody’s: “El Perú está pagando los costos de la improvisación”.

Las cosas como son