Diego Pomareda dice que el Congreso utiliza herramientas constitucionales "para atacar políticamente" a la JNJ

El abogado y profesor universitario Diego Pomareda consideró este viernes que el Congreso de la República está utilizando herramientas constitucionales para “atacar políticamente” a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y “debilitar la democracia”. 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy un informe que recomienda acusar e inhabilitar 10 años a los miembros del máximo órgano de control de la judicatura por supuestamente haber infringido el artículo 156 de la Constitución, cuyo inciso 3 establece que para ser consejero se requiere ser mayor de 45 y menor de 75.

De acuerdo con la denuncia, los consejeros habrían interpretado indebidamente la Constitución para permitir que Inés Tello se mantenga en el cargo, a pesar de haber superado el límite de edad.

En el programa Las cosas como son de RPP TV, Diego Pomareda calificó de “excusa” el argumento esgrimido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para intentar “vulnerar la autonomía y la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia”. 

Según apuntó, el accionar del Congreso se debe a que la JNJ le “es incómoda”, más aún en un contexto en que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides —acusada de archivar investigaciones a parlamentarios para influir en la elección del defensor del Pueblo, inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y de intentar remover a los miembros de la JNJ—, fue suspendida en diciembre pasado.

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Pronunciación de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia indicó que el informe aprobado muestra que un sector del Congreso no les deja cumplir sus funciones constitucionales.

"Se trata de una nueva escalada de un sector en el Congreso que busca afectar la autonomía de la JNJ e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales", dijo en un comunicado.

El órgano refirió, además, que el documento está viciado por su "ausencia de imparcialidad" y consideró que se viola de modo flagrante el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que quien "instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia".

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